Álvaro Uribe vuelve a estar en el centro del debate público debido al juicio que enfrenta en Bogotá. Desde abril de 2024, la jueza Sandra Liliana Heredia, encargada del caso, ha sido objeto de críticas y acusaciones por parte de la defensa del expresidente, lo que ha intensificado una controversia sin precedentes.
Las decisiones judiciales que encendieron el debate
Desde el inicio del juicio, la defensa de Uribe, liderada por Jaime Granados Peña, ha cuestionado las decisiones de la jueza Heredia. Entre las principales críticas destaca la negativa a aceptar solicitudes de la defensa sin un análisis profundo. El 5 de octubre de 2024, en una audiencia preparatoria, la jueza rechazó una petición para reprogramar la sesión, lo que generó la interposición de una tutela. El Tribunal Superior de Bogotá terminó fallando a favor de la defensa, lo que obligó a reprogramar la audiencia.
El ambiente judicial se tornó aún más tenso cuando se reveló que la jueza Heredia había demandado a la Nación en 2008 y 2009 por modificaciones a las primas salariales de los funcionarios judiciales, decretos que fueron firmados por Uribe durante su segundo mandato.
Los antecedentes de la jueza y las acusaciones de parcialidad
El historial de la jueza Heredia ha sido utilizado por la defensa del exmandatario como argumento para cuestionar su imparcialidad. Hace más de veinte años, Heredia demandó la anulación de los decretos 658 de 2008 y 723 de 2009, que afectaban su salario y el de otros jueces. Este dato ha sido considerado por los abogados de Uribe como un indicio de animadversión personal contra su defendido.
En respuesta a esta situación, el 10 de febrero de 2025, la defensa presentó una recusación contra Heredia, citando sus declaraciones en las que indicó que «la celeridad del proceso no debía ser sorpresiva». A pesar de ello, la jueza rechazó la recusación y ordenó la continuación del juicio con la declaración del senador Iván Cepeda.
La tutela y la suspensión de las audiencias
El conflicto llegó a un nuevo nivel cuando la defensa de Uribe presentó una nueva acción de tutela, argumentando que la jueza estaba violando el derecho a la defensa. El Tribunal Superior de Bogotá, en respuesta, ordenó la suspensión inmediata de las audiencias mientras se analiza la situación.
Este juicio no solo afecta al expresidente Uribe, sino que también podría sentar un precedente en la justicia colombiana. La imparcialidad de los jueces, la independencia del sistema judicial y la garantía de derechos para los acusados son temas que están en juego. ¿Será este el caso que redefina el equilibrio de poderes en el país?