En los últimos años, la migración hacia Estados Unidos ha enfrentado múltiples desafíos. Con la llegada del expresidente Donald Trump, las políticas migratorias dieron un giro drástico, afectando tanto a quienes buscaban ingresar ilegalmente como a quienes seguían un proceso de migración legal. El reciente anuncio del cierre de las oficinas de movilidad segura en países como Colombia, Costa Rica, Ecuador y Guatemala representa un duro golpe para miles de migrantes que buscaban una alternativa formal.
Estas oficinas, implementadas durante el gobierno de Joe Biden, pretendían descongestionar las fronteras al ofrecer opciones legales desde el país de origen. Ahora, bajo las directrices del Departamento de Estado, este programa ha quedado suspendido, generando incertidumbre y preocupación en las comunidades afectadas.
Un esfuerzo migratorio en pausa: ¿Por qué se cerraron las oficinas?
Según documentos divulgados por CBS News, el cierre de las oficinas de movilidad segura responde a un intento por reevaluar cómo Estados Unidos maneja sus procesos migratorios. El Departamento de Estado, respaldando esta decisión, señaló que estas oficinas estaban «bajo revisión como parte de un esfuerzo más amplio para servir mejor a los intereses nacionales».
El impacto de esta medida se agrava con la orden ejecutiva emitida por Trump que suspendió el Programa de Admisión de Refugiados. Este programa permitía a personas que huían de la guerra y la persecución acceder a Estados Unidos tras un riguroso proceso de evaluación. Ahora, miles de casos han quedado en un limbo administrativo.
Las personas que ya tenían citas asignadas o casos iniciados han recibido instrucciones de esperar notificaciones oficiales. Desde las oficinas se ha emitido el siguiente mensaje:
«Si su caso ya fue remitido a los Estados Unidos para su reasentamiento en virtud de la Iniciativa de Movilidad Segura, en breve le enviaremos más información. No necesita tomar ninguna medida en este momento.»
Para quienes necesiten información adicional, se han dispuesto líneas de atención gratuitas específicas por país:
- Colombia: 0 1800 519 0665
- Costa Rica: 0800 032 0009
- Ecuador: 1800 001667
- Guatemala: 1 800 3000 203
El propósito inicial: una alternativa a la migración ilegal
Durante la administración de Biden, las oficinas de movilidad segura se instalaron como una solución a la crisis migratoria en la frontera sur de Estados Unidos. La iniciativa buscaba que los migrantes pudieran tramitar su ingreso de forma legal desde países de tránsito, sin necesidad de arriesgarse cruzando ilegalmente hacia México.
Entre los principales beneficios ofrecidos por estas oficinas estaban:
- Visados familiares: para la reunificación de familias separadas.
- Visados de trabajo: destinados a quienes cumplían con los requisitos de contratación laboral.
- Programa de refugiados: enfocado en personas perseguidas o desplazadas por conflictos.
El modelo parecía prometedor para reducir la presión en las oficinas fronterizas estadounidenses. Sin embargo, las recientes decisiones han dejado este esfuerzo en pausa, dejando a muchas familias sin alternativas inmediatas.
El impacto en Colombia: un país anfitrión sin beneficiarios directos
Aunque Colombia albergaba varias oficinas de movilidad segura en ciudades como Soacha, Medellín y Cali, el programa estaba diseñado exclusivamente para ciudadanos de países como Venezuela, Cuba y Haití. Esto significa que, aunque las oficinas operaban en territorio colombiano, los ciudadanos locales no podían beneficiarse de los programas.
Estas oficinas se ubicaban en instalaciones compartidas con agencias internacionales como ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Su cierre no solo impacta a los migrantes extranjeros, sino que también genera preocupación en las comunidades que apoyaban este esfuerzo.
El gobierno colombiano, a través de entidades como Migración Colombia, ha mantenido silencio sobre posibles estrategias para mitigar el impacto del cierre de estas oficinas. Sin embargo, organizaciones civiles y defensoras de los derechos humanos han expresado su preocupación por la falta de alternativas legales para los migrantes.
Un futuro incierto para los procesos de migración legal
La suspensión de las oficinas de movilidad segura plantea preguntas difíciles sobre el futuro de las políticas migratorias en la región. ¿Se buscarán nuevas soluciones para evitar que los migrantes recurran a redes ilegales? ¿Cómo impactará esta decisión en las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y los países anfitriones?
Lo cierto es que la necesidad de alternativas legales sigue siendo urgente. Sin estas oficinas, miles de migrantes enfrentarán mayores riesgos al intentar llegar a su destino. El reto para los gobiernos de la región será encontrar soluciones que balanceen las necesidades de seguridad con el respeto a los derechos humanos.
