En un escándalo que podría sacudir al sector energético y político del país, el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, presentó una denuncia contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y Nicolás Alcocer, hijo adoptivo del presidente Gustavo Petro, por presunta injerencia indebida y actos de corrupción en la hidroeléctrica Urrá S.A.. Las acusaciones, actualmente bajo investigación por la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación, incluyen supuestas irregularidades en procesos de licitación y presiones indebidas sobre la junta directiva de la empresa.
De acuerdo con Bonilla, los señalados habrían utilizado su acceso privilegiado a información interna para beneficiar a empresas específicas, entre ellas Positive Energy SAS y Ecoenergética Soluciones de Ingeniería SAS, favoreciéndolas de manera indebida en la adjudicación de contratos. Además, el exministro menciona el caso del Parque Solar Urra 19.9, cuya ejecución acumula un retraso de más de dos años y medio, como un ejemplo de estas irregularidades.
Las acusaciones: control indebido y favoritismos en Urrá
La hidroeléctrica Urrá 1, ubicada en los municipios de Tierralta y Valencia, Córdoba, es una de las principales generadoras de energía en el país y cuenta con mayoría accionaria del Estado. Según la denuncia, tanto Ricardo Roa como Nicolás Alcocer presuntamente habrían presionado a la junta directiva de la empresa para tomar control de las decisiones estratégicas y asignar contratos a empresarios cercanos.
Uno de los puntos más polémicos señalados en el documento es la participación de Power China, socia de Luxim Ingeniería S.A.S., cuyos contratos en el sector energético habrían sido adjudicados gracias a la relación cercana entre Nicolás Alcocer y David Cerón, principal accionista de Luxim. Según la denuncia, Cerón, con supuestos contactos en el alto Gobierno, habría presionado a los directivos de Urrá para obtener beneficios en procesos licitatorios.
“En el departamento de Córdoba es conocido que Ricardo Roa y Nicolás Alcocer buscan controlar las empresas más rentables del sector energético para favorecer a sus aliados cercanos”, señala el exministro en su denuncia.
Investigación en marcha: Fiscalía y Procuraduría en acción
Tras recibir las denuncias, la Fiscalía General de la Nación inició una indagación preliminar en octubre de 2024, asignando un fiscal especializado en corrupción para analizar las pruebas aportadas por Ricardo Bonilla. El equipo de investigación incluye agentes de la Policía Judicial, quienes se encargan de recopilar material probatorio y revisar bases de datos abiertas para identificar posibles delitos contra la administración pública.
Por su parte, la procuradora Margarita Cabello confirmó que desde su entidad también se adelanta una investigación disciplinaria para determinar si Ricardo Roa y Nicolás Alcocer incurrieron en conductas ilícitas. «Miraremos si hay lugar a anexar las afirmaciones del exministro Bonilla a las investigaciones previas», señaló la funcionaria.
La Procuraduría también está evaluando posibles irregularidades relacionadas con el retraso en la ejecución del Parque Solar Urra 19.9 y otras licitaciones en las que las empresas Positive Energy y Ecoenergética habrían resultado favorecidas.
Implicaciones políticas y empresariales
El caso no solo pone en el centro de la controversia al presidente de Ecopetrol y al hijo adoptivo del presidente Petro, sino que también destaca la creciente preocupación por las posibles injerencias políticas en empresas estatales clave. En este caso, Urrá S.A., como uno de los activos más estratégicos en el sector energético, se encuentra en medio de un debate sobre la transparencia en su administración.
Si las denuncias son confirmadas, este escándalo podría tener repercusiones significativas para la credibilidad del Gobierno Petro, particularmente por la cercanía de los implicados con la Presidencia. Además, afectaría la confianza en la gestión de las empresas públicas en un momento crítico para la transición energética del país.
¿Qué sigue para el caso Urrá?
La investigación preliminar aún está en etapas iniciales, pero las acusaciones presentadas por Ricardo Bonilla han abierto un capítulo que podría ser determinante en el panorama político y empresarial de Colombia. Las próximas semanas serán clave para determinar si las pruebas presentadas son suficientes para avanzar hacia una imputación formal contra Ricardo Roa y Nicolás Alcocer.
¿Lograrán las entidades de control esclarecer estos hechos y garantizar que el manejo de los recursos públicos esté libre de presiones indebidas? El desenlace de este caso marcará un precedente importante en la lucha contra la corrupción en Colombia.
