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Denuncian a Diego Cancino, candidato a la presidencia de la SAE, por presunto acoso sexual: polémica en el Partido Verde y en el gobierno de Petro

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Diego Cancino, exconcejal de Bogotá y figura política del Partido Verde, enfrenta dos graves denuncias por presunto acoso sexual, interpuestas ante la Fiscalía General de la Nación y el Comité de Ética del Partido Verde. La denunciante, Viviana Vargas Ávila, funcionaria del Ministerio del Interior, relató los eventos ocurridos tras una reunión privada con Cancino el 9 de octubre, durante la cual, según su testimonio, fue víctima de tocamientos no consentidos y otros comportamientos que le generaron ansiedad y confusión.

El caso cobra particular relevancia dado que Cancino fue recientemente designado por el presidente Gustavo Petro como candidato para presidir la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad clave en la administración de bienes incautados al narcotráfico y la corrupción en Colombia. Este nombramiento se encuentra ahora bajo la lupa, con voces dentro y fuera del ámbito político exigiendo explicaciones y acciones concretas.

El relato de Viviana Vargas Ávila: de una oferta laboral a un presunto episodio de acoso

Viviana Vargas, quien actualmente trabaja en el Ministerio del Interior en la Dirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana, fue contactada por Cancino para conversar sobre una potencial oferta laboral. Según su testimonio, Cancino la invitó a almorzar en su apartamento, donde ella esperaba discutir su experiencia profesional y aspiraciones. Vargas, defensora de derechos humanos y especialista en varios campos, describe cómo la reunión rápidamente tomó un giro inesperado.

La denuncia describe que, al finalizar el almuerzo, Cancino intentó propasarse físicamente. Según Vargas, este se acercó desde atrás y, sin su consentimiento, la tocó de manera inapropiada, invadiendo su espacio personal y vulnerando su integridad. “Ante esta situación reaccioné rápidamente quitándomelo de encima”, narró Viviana en su denuncia, detallando que el incidente la dejó en estado de shock y temerosa de lo que podría suceder a continuación.

A medida que intentaba salir del apartamento, Cancino insistió en que se quedara, según relata la denunciante, quien asegura que el exconcejal incluso sugirió que ella pospusiera sus compromisos laborales para continuar en su compañía. En un intento por marcharse, Vargas aceptó acompañarlo a comprar vino, aunque su intención era aprovechar la oportunidad para abandonar el lugar. Sin embargo, asegura que Cancino continuó buscando retenerla y que su comportamiento escaló al intentar avanzar en una relación no consentida.

Exigencias y respuesta del Partido Verde frente a las denuncias

A raíz de estos hechos, Viviana Vargas interpuso una denuncia formal no solo ante la Fiscalía sino también ante el Comité de Ética del Partido Verde, solicitando que se investigue a Cancino y se evite su nombramiento en la SAE hasta que el caso se aclare. “Que se aperture un proceso disciplinario en su partido y que se adelante el proceso en Fiscalía”, declaró la funcionaria en una entrevista con RCN Radio.

El Partido Verde, comprometido públicamente con la defensa de los derechos de las mujeres y la equidad de género, se encuentra en una encrucijada, pues deberá decidir si apoya al exconcejal, que ha tenido una trayectoria notable en el partido, o si toma medidas en función de las denuncias. Esta decisión podría tener repercusiones significativas para el partido en un contexto donde cada vez más organizaciones y movimientos exigen tolerancia cero frente al acoso y el abuso sexual, especialmente en el ámbito político.

Hasta el momento, Cancino no ha dado declaraciones detalladas sobre las denuncias. Sin embargo, los sectores feministas y varias figuras de la sociedad civil han pedido al partido y al gobierno que no pasen por alto estas acusaciones y que suspendan cualquier avance en su designación en la SAE mientras el proceso esté en marcha.

El contexto de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la responsabilidad de su presidente

La SAE es una entidad estatal responsable de administrar los activos incautados a grupos criminales y organizaciones corruptas, muchos de los cuales están vinculados al narcotráfico y otros delitos financieros. En este contexto, el presidente de la SAE tiene una función estratégica de alta relevancia, ya que su rol implica gestionar miles de bienes, desde propiedades hasta vehículos y empresas.

La elección de un líder para esta institución exige altos estándares de integridad y transparencia, especialmente dada la delicada naturaleza de sus funciones. La nominación de Cancino generó inicialmente expectativas en algunos sectores, dada su experiencia en temas sociales y su pasado en el Concejo de Bogotá, donde se destacó en proyectos de inclusión y justicia social. Sin embargo, las denuncias en su contra generan cuestionamientos que podrían poner en riesgo su idoneidad para este cargo y la confianza pública en la SAE.

Algunas voces han subrayado que el gobierno de Gustavo Petro, que se ha declarado feminista y comprometido con la protección de los derechos de las mujeres, debería mostrar una postura clara en relación con las denuncias, de modo que quede patente su compromiso en la lucha contra el acoso y la violencia de género.

¿Qué sigue para Diego Cancino y para el Gobierno en medio de la polémica?

La situación presenta un dilema tanto para el Partido Verde como para el gobierno de Gustavo Petro. Si bien Cancino cuenta con experiencia en el ámbito social, el proceso en su contra plantea un reto ético y político en un momento en que la sociedad colombiana muestra una mayor sensibilidad frente a casos de abuso de poder y acoso sexual.

Por otra parte, organizaciones feministas y colectivos de derechos humanos están atentos a las decisiones que tome el gobierno en cuanto al nombramiento de Cancino en la SAE. La expectativa es que el caso sea tratado con seriedad y que se prioricen los principios de justicia y respeto hacia las víctimas. La pregunta que muchos se hacen es si el presidente Petro mantendrá su decisión o si optará por reconsiderar la designación, respetando el principio de presunción de inocencia pero también la demanda social de equidad y respeto en el ámbito laboral y político.


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