Catatumbo y su entorno viven una de las crisis más graves de violencia en años recientes. Enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una disidencia de las FARC han desatado una oleada de muerte, desplazamiento y zozobra en la región, afectando gravemente a los habitantes y a firmantes de paz que habían depositado su esperanza en los acuerdos de 2016. La situación pone en entredicho los esfuerzos de diálogo entre el Gobierno y los grupos armados, que permanecen estancados en mesas de negociación.
En las últimas semanas, se ha reportado el asesinato de varios civiles, firmantes de paz y líderes comunitarios, mientras decenas de familias han sido desplazadas. El senador Iván Cepeda y otros actores claves han exigido un cese inmediato de las hostilidades, apelando a la protección de los derechos humanos y al retorno de la paz a esta región históricamente afectada por el conflicto.
La región del Catatumbo: un territorio en disputa
El Catatumbo, ubicado en el departamento de Norte de Santander, es una zona fronteriza con Venezuela que históricamente ha sido escenario de enfrentamientos armados. Este territorio estratégico incluye municipios como Tibú, Teorama, El Tarra y Convención, donde se concentra una alta producción de cultivos de coca y corredores de narcotráfico que lo convierten en un botín para grupos ilegales. Actualmente, operan allí el ELN, facciones disidentes de las FARC, un reducto del Ejército Popular de Liberación (EPL) y otras bandas armadas.
El conflicto reciente parece haber escalado debido a disputas territoriales entre el ELN y el Estado Mayor Central (EMC), la facción disidente de las FARC. Según Camilo González Posso, jefe de la delegación de paz con el EMC, «hay una ofensiva coordinada del ELN en siete municipios de manera casi simultánea». Este panorama ha generado una crisis humanitaria que afecta tanto a la población civil como a los excombatientes que intentan reintegrarse a la vida social.
Firmantes de paz: entre la esperanza y la tragedia
Uno de los aspectos más alarmantes de la violencia en el Catatumbo es el asesinato de firmantes del Acuerdo de Paz de 2016. En los últimos días, cinco excombatientes han sido asesinados. Entre ellos se encuentran Albeiro Díaz Franco, Yurgen Martínez y Jhan Carlos Carvajalino, quienes participaban activamente en procesos de reincorporación. El caso de Carvajalino, secuestrado y asesinado en Convención, evidencia el nivel de riesgo que enfrentan quienes decidieron apostar por la paz.
Además de los asesinatos, el desplazamiento de familias en los territorios de reincorporación ha socavado los avances en la construcción de paz en la región. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) señala que los recientes ataques no solo atentan contra la integridad de los excombatientes, sino que representan un retroceso en los esfuerzos de reconciliación.
Las familias desplazadas enfrentan condiciones precarias y un futuro incierto. Muchas han sido acogidas temporalmente en albergues improvisados en municipios vecinos, pero el apoyo humanitario es insuficiente para atender la magnitud de la crisis.
¿Fracaso del diálogo por la paz?
A pesar de que tanto el ELN como el EMC mantienen mesas de diálogo con el Gobierno colombiano, los avances han sido mínimos y la violencia sigue escalando. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, calificó los enfrentamientos como «lamentables» y urgió a ambas partes a detener las hostilidades. «Le exigimos tanto al ELN como a las disidencias de las FARC que detengan estos hechos violentos (…) La población del Catatumbo está cansada de los grupos violentos», expresó.
Por su parte, organizaciones como la Defensoría del Pueblo y diversas entidades internacionales han condenado los ataques y solicitado la implementación de mecanismos humanitarios para proteger a las comunidades afectadas. Sin embargo, los resultados hasta ahora han sido limitados.
El senador Iván Cepeda subrayó la necesidad de garantizar la participación activa de organizaciones sociales, la Defensoría del Pueblo y actores internacionales para buscar soluciones humanitarias inmediatas. Sin embargo, la falta de consenso entre los grupos armados y el Gobierno pone en entredicho la posibilidad de avances significativos a corto plazo.
Un futuro incierto para el Catatumbo
La crisis en el Catatumbo plantea serios desafíos para el Gobierno colombiano y para los procesos de paz en curso. Mientras las comunidades locales enfrentan la incertidumbre de la violencia y el desplazamiento, los actores políticos y sociales deben redoblar esfuerzos para encontrar una salida a este conflicto. ¿Será posible reactivar los diálogos y construir un camino hacia la paz, o la región continuará sumida en el ciclo de violencia que la ha marcado por décadas?