El Congreso de la República enfrenta serios problemas de flujo de caja que han dejado a cerca de 500 contratistas sin el pago de sus honorarios correspondientes al mes de diciembre. La presidencia del Senado y su Dirección Administrativa confirmaron la situación, que se debe a un déficit en los giros realizados por el Ministerio de Hacienda.
Desde noviembre, el Senado había solicitado un total de $27.000 millones mediante el Plan Anual de Caja (PAC) para cubrir los gastos operativos de diciembre. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda solo giró $5.543 millones, dejando un saldo pendiente de $21.862 millones, lo que ha impedido cumplir con los compromisos financieros.
Retrasos en los giros: una problemática que afecta al Congreso
De acuerdo con información obtenida por La W Radio, el Senado envió una comunicación formal al Ministerio de Hacienda solicitando explicaciones por el incumplimiento en los giros. Hasta el 26 de diciembre, el Ministerio no ha dado respuesta ni ha completado los desembolsos. Ante la falta de recursos, el pago de los contratistas del Congreso podría quedar registrado como «cuentas por pagar» para el 2025, lo que profundizaría la percepción de inestabilidad financiera en una de las principales instituciones del país.
La circular interna emitida por la Dirección Administrativa del Senado advirtió sobre el impacto de no recibir los recursos necesarios antes del cierre del año fiscal. De no concretarse los giros entre el 28 y el 29 de diciembre, como esperan las directivas, los contratistas quedarían sin recibir su salario en el mes de diciembre, afectando a cientos de familias y generando un problema reputacional para el Congreso.
El impacto humano y administrativo de la crisis financiera
Los contratistas del Congreso, quienes desempeñan roles clave en la operación legislativa, son los más afectados por esta situación. Estos trabajadores, que no tienen las mismas garantías laborales que los empleados de planta, dependen directamente de los pagos puntuales para cubrir sus necesidades básicas y las de sus familias.
Además de los efectos directos sobre los contratistas, esta crisis pone en evidencia problemas estructurales en la planeación financiera del Congreso y en la coordinación con el Ministerio de Hacienda. Las demoras en los giros y la falta de comunicación entre las instituciones generan incertidumbre y afectan el desempeño de una de las ramas del poder público más importantes del país.
El Congreso también enfrenta un impacto reputacional significativo. En un contexto de baja confianza ciudadana en las instituciones, la incapacidad de pagar a sus contratistas podría ser percibida como una falta de responsabilidad administrativa y un nuevo motivo de crítica hacia los legisladores.
La respuesta de las directivas y lo que está en juego
Desde la presidencia del Senado, se ha hecho énfasis en que el problema radica en la falta de cumplimiento por parte del Ministerio de Hacienda y no en la gestión interna del Congreso. Sin embargo, la falta de solución inmediata genera preguntas sobre la previsión financiera de la institución y su capacidad para garantizar el funcionamiento operativo en medio de las dificultades económicas.
Si los recursos no son desembolsados en los próximos días, el problema podría trascender el 2024 y trasladarse como un pasivo financiero para el próximo año, afectando los balances fiscales del Congreso y complicando aún más su operación en 2025.
