El pasado martes, 8 de septiembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) tomó una decisión clave que afecta la legitimidad de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. La sala plena de magistrados resolvió formular un pliego de cargos por la presunta violación de los topes electorales y la omisión de reportes financieros requeridos por la ley. Esta resolución coloca bajo escrutinio la campaña que llevó a Petro a la Presidencia de Colombia, especialmente en cuanto a la gestión de sus finanzas.
Los magistrados Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) y Benjamín Ortiz (Partido Liberal) presentaron la ponencia que fue votada positivamente por el pleno del CNE. Según los magistrados, la campaña de Petro habría excedido los límites financieros establecidos por la ley en más de 5 mil millones de pesos, una cifra alarmante que plantea serias preguntas sobre la transparencia de la financiación de la contienda electoral.
Los implicados en la investigación
La investigación no solo está dirigida hacia el presidente Gustavo Petro en calidad de candidato, sino que también abarca a otros actores clave de su campaña. Entre ellos, el actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, quien fungió como gerente de campaña en ese entonces. Además, María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus Gómez, auditores de la campaña, también deberán rendir cuentas ante el CNE.
Asimismo, la ponencia presentada incluye a las organizaciones políticas que apoyaron a Petro, como el Movimiento Político Colombia Humana y el Partido Político Unión Patriótica, ambos miembros de la coalición de izquierda Pacto Histórico. La acusación principal se centra en la presunta vulneración del régimen de financiación de las campañas, tanto en la primera como en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2022.
Detalles sobre las irregularidades financieras
El documento del CNE revela en detalle los aportes no reportados que recibió la campaña de Petro. Se estima que los gastos omitidos suman $3.861.201.833. Este monto, dividido entre ambas vueltas electorales, refleja una posible falta de cumplimiento en las normativas de transparencia.
Entre los aportantes que no fueron debidamente reportados, destaca el Sindicato de Trabajadores de la Educación (Fecode), que entregó $500 millones a la campaña, al igual que el partido Polo Democrático, que aportó otra suma de $500 millones. Además, la Unión Sindical Obrera (USO) contribuyó con $121.544.000, pero estos aportes tampoco fueron informados como lo exige la ley.
Otro de los aspectos relevantes de la investigación tiene que ver con la omisión de reportes sobre gastos de aviación, que ascienden a más de 1.200 millones de pesos. Igualmente, el CNE señala que no se incluyeron pagos de la campaña al Senado del Pacto Histórico por más de $202 millones.
Facturación y otros gastos no registrados
El análisis del CNE también señala la existencia de una factura por servicios de propaganda electrónica, con un valor de $356.102.872, que no fue incluida en los informes financieros de la campaña. Además, los magistrados encontraron inconsistencias en el pago a testigos electorales, quienes recibieron un monto superior a los $931 millones que tampoco fue debidamente registrado.
Estas omisiones y violaciones podrían tener serias implicaciones legales para Petro y su equipo de campaña, quienes deberán aclarar estas irregularidades ante el organismo electoral. Si se comprueba la vulneración de los topes y la falta de transparencia en los reportes financieros, las sanciones podrían ser graves para todos los involucrados.
Un precedente importante: el evento de Barranquilla
Antes de la resolución de formular cargos, el CNE tomó otra decisión clave en relación con la campaña de Petro. Ese mismo día, por unanimidad, los magistrados decidieron archivar la investigación por un evento en Barranquilla que presuntamente habría sido financiado por el empresario Euclides Torres, como afirmó en su momento Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente. Esta investigación se centraba en la supuesta realización de gastos anticipados y propaganda electoral anticipada, una posible violación a los artículos 24 y 35 de la Ley 1475 de 2011.
El magistrado Alfonso Ocampo presentó la ponencia que finalmente concluyó que el evento en Barranquilla tuvo lugar antes de los tiempos establecidos para la propaganda electoral, razón por la cual se archivó la investigación. Sin embargo, aunque esta fue una victoria parcial para la campaña de Petro, el nuevo proceso abierto por las violaciones a los topes electorales demuestra que los retos legales para el presidente y su equipo están lejos de terminar.
¿Qué sigue para la campaña de Gustavo Petro?
Con esta nueva investigación en marcha, la campaña de Gustavo Petro enfrenta un camino complejo ante el Consejo Nacional Electoral. Aunque el proceso apenas comienza, las pruebas presentadas hasta ahora sugieren que los próximos meses serán cruciales para definir el desenlace de esta situación.
El futuro de la investigación depende de la capacidad de Petro y su equipo para ofrecer explicaciones convincentes sobre las irregularidades financieras. ¿Podrá el Pacto Histórico justificar el uso de más de 5 mil millones de pesos que, según el CNE, no fueron debidamente reportados?
El impacto de esta investigación no solo afectará al actual presidente, sino que también podría tener implicaciones importantes para las futuras elecciones en Colombia y la manera en que se regulan las campañas electorales.