La Sección Quinta del Consejo de Estado ha emitido una decisión importante en la que ordena al presidente de la República, Gustavo Petro, ofrecer disculpas públicas por haber calificado de «asesinos» a los ciudadanos que han expresado su rechazo a su gobierno con la consigna «fuera Petro» en eventos públicos. Este fallo surge a raíz de varias acciones de tutela interpuestas por personas que, en uso de sus derechos fundamentales, se sintieron vulneradas por las declaraciones del mandatario.
El pronunciamiento del Consejo de Estado refuerza los límites que la jurisprudencia constitucional ha establecido respecto al ejercicio de la libertad de expresión, tanto para ciudadanos como para funcionarios públicos, y recalca la importancia de respetar las garantías fundamentales de todos los colombianos.
La controversia: ¿por qué Petro llamó «asesinos» a sus detractores?
El episodio que desencadenó esta situación ocurrió durante un discurso que el presidente Petro ofreció en la II Asamblea General del Partido Colombia Humana. En esa ocasión, el mandatario afirmó que «los que gritaban fuera Petro son unos asesinos», lo que generó una fuerte reacción en varios sectores de la sociedad. El comentario fue percibido como una afirmación desproporcionada y sin justificación, ya que no había pruebas que respaldaran tal acusación.
De acuerdo con el fallo, esta expresión del presidente superó los límites de la libertad de opinión de los funcionarios públicos y no estuvo basada en «un mínimo de justificación fáctica real». Los magistrados concluyeron que no existía ningún indicio que permitiera equiparar a quienes gritan «fuera Petro» con personas que hayan cometido homicidios, lo que hizo que la afirmación fuera, a todas luces, injustificada y desmedida.
Derechos vulnerados y el impacto en la ciudadanía opositora
El fallo del Consejo de Estado fue claro al indicar que la expresión utilizada por Petro no solo fue ofensiva, sino que también tuvo un «alto contenido discriminatorio». Según el tribunal, al tildar de «asesinos» a quienes han expresado su descontento político, el mandatario intentó excluir a un sector de la población que está particularmente protegido por la Constitución: la ciudadanía crítica y opositora. Este tipo de señalamientos busca, según el Consejo, marginalizar e invalidar las razones del inconformismo, aislando a los detractores del debate público y deslegitimando su derecho a la oposición.
La decisión judicial subrayó que las palabras de Petro vulneraron derechos fundamentales, como la libertad de expresión, la protesta y la participación política, derechos que son pilares de cualquier democracia. Además, en su análisis, el Consejo de Estado consideró que el mandatario, al emitir una declaración tan severa, marginó a los opositores de la deliberación colectiva y del ejercicio de la política.
Límites a la libertad de expresión de los funcionarios públicos
El Consejo de Estado destacó que, aunque la libertad de opinión es un derecho fundamental que cobija tanto a ciudadanos como a funcionarios, quienes ocupan cargos públicos deben ser especialmente cuidadosos en cómo se expresan. En este sentido, la Constitución y la jurisprudencia colombiana han establecido límites claros sobre el uso de este derecho por parte de los servidores públicos. Las expresiones emitidas por estos actores, especialmente cuando provienen de la figura del Presidente de la República, deben estar respaldadas por la verdad y no pueden ser utilizadas para vulnerar los derechos de otros ciudadanos.
Las palabras de Petro, según el tribunal, no solo excedieron esos límites, sino que también buscaron excluir a un sector de la ciudadanía del diálogo democrático, lo que representa una violación clara a los principios de una democracia pluralista y participativa.
Las disculpas públicas: un mandato del Consejo de Estado
En consecuencia, el Consejo de Estado ordenó a Gustavo Petro ofrecer disculpas públicas a través de las plataformas oficiales de la Presidencia de la República y de su cuenta personal en X (anteriormente Twitter). Esta decisión busca no solo restablecer el derecho vulnerado de los ciudadanos que fueron ofendidos, sino también enviar un mensaje claro sobre la responsabilidad que tienen los funcionarios públicos en el uso de su lenguaje y cómo este puede afectar el derecho a la crítica y a la oposición.
Las disculpas ordenadas por el alto tribunal deberán ser publicadas de manera permanente en las redes sociales de la Presidencia de la República y en las cuentas oficiales de las entidades gubernamentales correspondientes, además de la cuenta personal del presidente. Este acto simbólico es una medida de reparación y también un llamado a la reflexión sobre el respeto por los derechos fundamentales en el ejercicio del poder.
Reflexión sobre el clima político y el respeto al disenso
Este fallo del Consejo de Estado no solo tiene implicaciones legales, sino también políticas y sociales. En un contexto donde el disenso y la crítica al poder son fundamentales para la salud democrática, las declaraciones de los líderes deben promover un debate respetuoso y constructivo, sin caer en descalificaciones que afecten la convivencia democrática. La decisión judicial es un recordatorio de que todos los ciudadanos tienen el derecho a expresar su descontento político sin ser señalados o estigmatizados por quienes ocupan posiciones de poder.
La controversia alrededor de las palabras del presidente Gustavo Petro y la orden de disculparse públicamente resalta la importancia del respeto a la libertad de expresión, especialmente en tiempos donde la polarización política puede generar tensiones. Sin embargo, también subraya la necesidad de que los gobernantes mantengan un discurso que fomente el diálogo y la inclusión, incluso en medio de la crítica.