Bogotá, 26 de septiembre de 2024. La Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz se dirige a la opinión pública para reafirmar su compromiso inquebrantable con la construcción de una paz estable y duradera, así como su apoyo a la labor de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Desde nuestro trabajo como Unidad y en el rol de presidencia de la Instancia de Articulación Gobierno–JEP, creada mediante artículo 205 del Plan Nacional de Desarrollo, hemos trabajo durante aproximadamente casi dos años en avanzar en rutas de coordinación que permitan la implementación de las sanciones restaurativas por parte de la Jurisdicción.
Sabemos que justamente este Gobierno llegó en un momento donde el Acuerdo de Paz estaba rezagado, y con ello las adecuaciones institucionales y normativas que debían preparar la llegada de las sanciones propias, unas medidas de justicia únicas en el mundo que sabemos son fundamentales para la garantía de los derechos de las víctimas y de los comparecientes ante la JEP.
Pese a esta situación, es innegable que el gobierno del presidente Gustavo Petro ha procurado avanzar en las deudas pendientes y, particularmente, esta Unidad ha acompañado a la Jurisdicción en los procesos de articulación necesarios para que sus decisiones puedan cumplirse. De la misma manera, hemos sido enfáticos en que sea la Instancia es el espacio para canalizar todos los esfuerzos y diálogos entre el Gobierno y la Jurisdicción para este propósito.
La Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz acompañó y sugirió que la subcuenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, creada en el Fondo Colombia en Paz se mantuviera como una manera de canalizar los recursos para los Trabajos, Obras y Acciones con contenido Reparador-Restaurador (TOAR), sanciones propias y el proyecto de reparación temprana para las mujeres víctimas de violencia sexual. Sin embargo, una vez aprobada la creación de la subcuenta, fue la propia Jurisdicción la que solicitó el cierre de esta y que fuera la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas quien administrara estos recursos con fines restaurativos.
También conocemos de la disposición de la Unidad para las Víctimas, tanto la actual directora Lilia Solano, como la Doctora Patricia Tobón han mostrado su interés en el trabajo conjunto con la JEP. No obstante, la crisis económica que vive toda la institucionalidad nos ha llevado a replantear nuestras tareas y definir prioridades que podamos ejecutar con los recursos disponibles.
Haremos todos los esfuerzos posibles para lograr financiar las acciones que respondan a las sanciones que imponga la Jurisdicción, así como a los TOAR que desarrollen los comparecientes. Por ello invitamos a la JEP y a las entidades de gobierno a actuar articuladamente en la búsqueda de recursos estratégicos para financiar las necesidades conjuntas.
Seguiremos respaldando la autonomía y trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz, así como la de todas las entidades que conforman el Sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, precisamente porque su razón de ser son los derechos de las víctimas y la construcción de la Paz.