Colombia solicita a Meta el bloqueo de perfiles de Epa Colombia, La Liendra y Yeferson Cossio por promover apuestas ilegales

El Gobierno colombiano, a través de Coljuegos, ha emprendido una estrategia contundente contra la promoción de casas de apuestas extranjeras no autorizadas. Como parte de estas acciones, se envió una solicitud formal a Meta Platforms, Inc., dirigida a su CEO, Mark Zuckerberg, para bloquear 289 perfiles en redes sociales como Facebook e Instagram. Entre los nombres destacados en esta lista figuran influenciadores populares como Epa Colombia, La Liendra y Yeferson Cossio.

La petición también incluyó el involucramiento del Centro Cibernético Policial y responde a la creciente preocupación por la proliferación de rifas, bingos y apuestas sin regulación, actividades que no solo violan las leyes colombianas, sino que también afectan los ingresos fiscales destinados al sistema de salud pública.


Los daños económicos de las apuestas ilegales en Colombia

De acuerdo con Marco Emilio Hincapié, presidente de Coljuegos, las apuestas ilegales generan pérdidas estimadas en 70.000 millones de pesos anuales en ingresos fiscales. Esto representa un golpe significativo al sistema de salud, que depende de los aportes provenientes de las actividades de juegos de azar reguladas.

Las plataformas extranjeras como 1XBet han aprovechado las redes sociales para posicionarse en el país sin cumplir con las licencias exigidas por la legislación nacional. Este vacío no solo perjudica a las instituciones gubernamentales, sino que también crea un entorno de competencia desleal frente a los operadores que cumplen con los requisitos legales.

El impacto se magnifica debido a la participación de influenciadores en la promoción de estas actividades. Perfiles con millones de seguidores como Epa Colombia y Yeferson Cossio han utilizado sus plataformas para publicitar rifas y apuestas no autorizadas, influenciando a audiencias jóvenes y vulnerables. A estas cuentas se suman otros nombres menos conocidos, pero igualmente involucrados, como Javier Arias Stunt, Marcela Reyes, Karina García y Kymberly Vesga.


Medidas drásticas y sanciones legales

La solicitud enviada a Meta Platforms incluye un listado detallado de los perfiles que han promovido actividades ilícitas. Sin embargo, esto es solo una parte de un plan más amplio. Además del bloqueo de cuentas, Coljuegos ha iniciado 35 procesos administrativos sancionatorios contra personas vinculadas a estas actividades.

Según el Código Penal colombiano, el artículo 312 establece sanciones de hasta 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes para quienes operen juegos de azar sin autorización. Estas penas buscan disuadir la proliferación de plataformas ilegales y garantizar un mercado de juegos más transparente y controlado.

Por otro lado, Coljuegos también está investigando 79 perfiles adicionales que podrían estar promoviendo actividades similares. Esto demuestra el compromiso del gobierno en su lucha contra la informalidad en el sector de los juegos de suerte y azar.


Una advertencia a las redes sociales y a los influenciadores

La ofensiva del Gobierno colombiano no solo busca frenar las actividades ilegales, sino también enviar un mensaje claro a las plataformas digitales como Meta y a los influenciadores. «Las apuestas ilegales no serán toleradas en Colombia», asegura Coljuegos, dejando claro que estas actividades deben operar bajo un marco regulatorio estricto.

Esta estrategia forma parte de un esfuerzo más amplio del Gobierno de Gustavo Petro para garantizar la transparencia en el sector y proteger los recursos destinados al bienestar social. Además, destaca la importancia de la colaboración entre las autoridades nacionales y empresas tecnológicas como Meta para combatir actividades ilícitas que afectan tanto a la economía como a los usuarios.

A medida que esta batalla legal avanza, surge una pregunta clave: ¿será suficiente esta estrategia para desincentivar la participación de influenciadores y plataformas digitales en la promoción de apuestas no autorizadas? Lo que está claro es que este es apenas el inicio de una serie de medidas diseñadas para recuperar el control sobre un sector clave para el país.


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