La actualización en curso del Plan Marco de Implementación, la puesta en funcionamiento del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, la aprobación de la Política Pública de desmantelamiento de las organizaciones con conductas criminales que atentan contra la construcción de la paz, y la activación de las instancias, entre los avances presentados por Gloria Cartas, directora de la Unidad de Implementación.
Bogotá, 8 de febrero de 2024. “La presencia del Consejo de Seguridad en Colombia renueva el compromiso del Gobierno del Cambio con la construcción de paz, la ampliación de la democracia y la apertura de nuevos diálogos orientados a erradicar las violencias. Este compromiso se fundamenta en el respeto a la vida, la naturaleza y la seguridad humana integral, elementos articuladores del Plan Nacional de Desarrollo, Colombia Potencia de la Vida”. Con estas palabras la directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, Gloria Cuartas, inició su presentación en el marco de la visita del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
La reunión de alto nivel con presencia de embajadores(as), ministros(as) y directivos de las entidades del sector paz presentó un balance general de la implementación del Acuerdo, reconociendo el compromiso a la labor y apoyo de la Misión de Verificación de la ONU, así como a todas las agencias y fondos del Sistema de Naciones Unidas.
“Asumimos la implementación del Acuerdo desde el ordenamiento territorial alrededor del agua, el cierre de brechas regionales, el desarrollo del capítulo étnico y la participación de las mujeres. De ahí que la política de Estado de Paz Total esté compuesta de dos procesos simultáneos y complementarios: la implementación del Acuerdo Final de Paz, y la territorialización de la paz”, agregó Cuartas, quien señaló entre otros retos la superación de las violencias y conflictos que han afectado los derechos de la sociedad colombiana.
La directora de la Unidad también se refirió a los esfuerzos para prevenir la violencia y la estigmatización, que desde el año 2016 da cuenta de 418 firmantes de paz 1.548 líderes sociales asesinados, sin que la administración de justicia haya logrado identificar a los máximos responsables.
Sin embargo y pese al desafío de trabajar de manera articulada e integral los seis puntos del Acuerdo, resaltó la actualización en curso del Plan Marco de Implementación, con el objetivo de construir indicadores que permitan evidenciar impactos reales en la vida de quienes le han apostado por la paz; también, el apoyo con recursos del gobierno a la Jurisdicción Especial para la Paz, a fin de materializar iniciativas restaurativas que buscan contribuir al restablecimiento de derechos de las víctimas del conflicto armado.
Se destaca el funcionamiento del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, la aprobación de la Política Pública y el Plan de Acción de desmantelamiento de las organizaciones con conductas criminales que atentan contra la construcción de la paz, que aún tiene el reto de materializarse en los territorios, y la construcción y aprobación colectiva y participativa del Plan Estratégico de Seguridad y Protección y el Programa de Protección Integral para los firmantes del Acuerdo de Paz, que representan un avance significativo para asegurar medidas preventivas y de protección individual y colectiva para los firmantes de paz.
Así mismo, la activación de siete instancias del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política y, el apoyo al funcionamiento y sostenibilidad financiera de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación, la Instancia Especial de Mujeres y la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos.
Tras siete años de la firma del Acuerdo Final de Paz, con profunda voluntad política el Gobierno del Cambio afronta los rezagos de este complejo proceso, para el cual consolida una arquitectura institucional que avanza en la implementación progresiva e integral de lo pactado con mecanismos de coordinación y articulación para garantizar, en coordinación con los 26 sectores y 51 entidades, un compromiso que controle la dispersión de recursos y logre transformaciones territoriales.