Después de más de 1.300 días de espera, el caso de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez y acusado de estar vinculado al grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, parece llegar a su momento más esperado: la emisión de la sentencia. El proceso judicial, que comenzó en 2017 y se ha extendido en una compleja serie de audiencias y demoras, ha captado la atención de la opinión pública colombiana por la prominencia del acusado y la gravedad de las acusaciones.
La decisión judicial, que podría anunciarse en cualquier momento, llega en un contexto marcado por años de morosidad y varios factores que retrasaron el veredicto. A pesar de las pruebas presentadas y las condenas solicitadas por la Fiscalía y la Procuraduría, la espera y la incertidumbre han sido una constante para las víctimas y la sociedad que sigue este caso como un símbolo de la lucha contra la impunidad en el país.
Santiago Uribe y el grupo “Los 12 Apóstoles”: un juicio prolongado
El juicio contra Santiago Uribe inició formalmente en 2017, aunque fue hasta 2021 que terminaron las audiencias públicas en las que se presentaron evidencias y testimonios sobre el presunto concierto para delinquir agravado y el rol de Uribe como supuesto autor intelectual en el asesinato de Camilo Barrientos en Yarumal, Antioquia. Durante el proceso, la Fiscalía y la Procuraduría solicitaron la condena del hacendado, argumentando que las pruebas demostraban su vinculación con Los 12 Apóstoles, un grupo paramilitar que operaba en el norte de Antioquia y que fue responsable de múltiples homicidios y actos de violencia.
Desde su creación en la década de 1990, se ha señalado a Los 12 Apóstoles como una de las estructuras paramilitares más violentas, y su asociación con figuras de poder ha complicado los esfuerzos judiciales por desarticularla. El caso de Santiago Uribe, por su conexión familiar con uno de los expresidentes más influyentes de Colombia, ha sido objeto de amplios debates y de un seguimiento mediático que ha mantenido la atención sobre las demoras y trabas en el proceso.
El juez Jaime Herrera Niño, quien lidera el caso, había prometido una sentencia en un plazo de diez días tras la conclusión de los alegatos, pero los plazos se alargaron. La complejidad del caso, la carga de trabajo en el despacho judicial y las constantes solicitudes de extensión han sido las principales razones de la demora. Finalmente, después de más de tres años de espera desde la última audiencia, la sentencia está lista para ser notificada, pero el anuncio no marca necesariamente el fin de la controversia, ya que se anticipan nuevas apelaciones.
Una cobertura mediática intensa y el papel de los periodistas
El caso ha sido ampliamente documentado por periodistas y escritores, quienes también han denunciado el problema de la morosidad judicial en Colombia. Dos nombres han sido constantes en la cobertura del proceso: Eddy Banoy y Sergio Mesa, periodistas y ahora abogados que han seguido el caso desde sus inicios.
Eddy Banoy, quien comenzó como reportero investigando el grupo Los 12 Apóstoles y la presunta participación de Uribe Vélez, se convirtió en abogado en el transcurso de los años, profundizando en el ámbito legal del caso y aportando a la comprensión pública del proceso. Por su parte, Sergio Mesa, autor del libro El Apóstol Santiago, ha relatado en su obra los detalles y testimonios que han dado forma a este emblemático juicio. A través de sus investigaciones y reportajes, ambos se han convertido en referentes en la cobertura de uno de los casos judiciales más complejos y extensos de la historia reciente del país.
La dilación en la sentencia fue motivo de ironía para los periodistas. En febrero de este año, al cumplirse tres años desde el cierre de las audiencias, Banoy y Mesa llevaron un pastel y una vela frente al despacho judicial, simulando una celebración por la que han llamado “la espera interminable”. La escena fue un acto simbólico que reflejó la frustración de quienes, como ellos, han seguido de cerca el caso y han presenciado cómo la justicia parece avanzar a cuentagotas.
La sentencia: un final incierto
A pesar de que la sentencia está lista para ser notificada, el cierre definitivo de este caso aún parece lejano. Se prevé que cualquiera de las partes —la defensa de Santiago Uribe o los representantes de las víctimas— pueda impugnar la decisión, llevando el caso a una nueva instancia de apelación ante el Tribunal Superior de Antioquia. Este nuevo proceso podría alargar el desenlace varios meses o incluso años, dejando en suspenso el resultado de un juicio que podría sentar precedentes en Colombia sobre el alcance de la justicia frente a la violencia paramilitar y sus conexiones con el poder.
Para muchos, el veredicto en el caso de Santiago Uribe simboliza la búsqueda de justicia en un país marcado por décadas de conflicto armado, impunidad y vínculos entre el poder político y grupos armados ilegales. El caso es observado no solo como un proceso en contra de un individuo, sino como una oportunidad para que el sistema judicial colombiano envíe un mensaje claro en favor de la verdad y la justicia.
¿Qué implicaciones tiene este juicio para el país?
La posible sentencia en el juicio contra Santiago Uribe marca un momento crítico en el historial de procesos judiciales contra figuras de poder relacionadas con el paramilitarismo en Colombia. Más allá de la responsabilidad penal del acusado, este caso se ha convertido en un reflejo de las dificultades que enfrentan las instituciones judiciales en su lucha contra la impunidad y la corrupción.
La expectativa de la población y de las víctimas se centra en si esta sentencia representará realmente un avance en la rendición de cuentas de los actores involucrados en crímenes de lesa humanidad, y si abrirá una puerta para la justicia en otros casos similares que aún esperan resolución en los tribunales. Ante este panorama, surge una pregunta inevitable: ¿podrá la justicia colombiana consolidarse como una herramienta efectiva en la lucha contra el paramilitarismo y su legado, o persistirá el problema de la impunidad en casos de alto perfil?