En los últimos días, han salido a la luz detalles escalofriantes sobre las interceptaciones ilegales a Marelbys Meza y Fabiola Perea, dos extrabajadoras de Laura Sarabia, actual directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). Lo que comenzó como un asunto aparentemente personal ha escalado en una de las mayores controversias que enfrenta el gobierno de Gustavo Petro, con serias implicaciones penales y políticas. La investigación sigue revelando nuevas aristas, y las autoridades buscan esclarecer cómo y por qué estas dos mujeres humildes fueron sometidas a pruebas de polígrafo, escuchas telefónicas y otras medidas ilegales que atentaron contra sus derechos fundamentales.
Según las declaraciones de varios oficiales de la Policía involucrados, las órdenes de las interceptaciones provendrían directamente de altos funcionarios de la Presidencia. Este escándalo ha generado un ambiente de desconfianza y tensión, poniendo al gobierno de Petro en el centro de una trama política y mediática que no parece tener un desenlace claro en el corto plazo.
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Las confesiones de los policías involucrados
Uno de los momentos más impactantes en el desarrollo de esta investigación ocurrió cuando dos patrulleros de la Policía admitieron ante un juez de conocimiento que, siguiendo órdenes de sus superiores, incluyeron a Meza y Perea en una lista de presuntos colaboradores del Clan del Golfo. Esta maniobra buscaba justificar la interceptación ilegal de sus teléfonos, con el objetivo de investigar la desaparición de una maleta que se encontraba en la casa de Sarabia. Según se ha informado, la maleta contenía entre 4.000 y 7.000 dólares en efectivo y documentos de importancia.
El oficial Alfonso Quinchanegua, en una declaración revelada por Noticias Caracol, detalló cómo recibió órdenes para ejecutar las escuchas ilegales. Quinchanegua confesó que la orden provenía de la Presidencia y que, aunque sabía que estaba participando en actividades ilegales, se sintió presionado a cumplir con las instrucciones por temor a represalias. “Sabía que era fuera de la ley, pero no tenía opción. Me dijeron que si no lo hacía, podría ser trasladado a otro departamento o incluso retirado de la Policía”, aseguró Quinchanegua en su testimonio.
Reuniones y órdenes desde la Presidencia
La trama se complica aún más cuando se revelan detalles sobre las reuniones en las que se habrían tomado estas decisiones. Según el oficial Quinchanegua, el plan para las interceptaciones se discutió en una reunión que tuvo lugar en el piso 13 de las instalaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en febrero de 2023, apenas unos días después de que Marelbys Meza fuera sometida a una prueba de polígrafo.
En dicha reunión, estuvieron presentes altos oficiales de la Policía, como el coronel Óscar Dávila, quien más tarde sería encontrado muerto en circunstancias que han levantado muchas sospechas. Su muerte, ocurrida tras el escándalo del polígrafo, ha sido objeto de numerosas teorías, aunque oficialmente ha sido catalogada como un suicidio. El mayor Duván Muñoz, señalado como uno de los que dirigió las órdenes, también estuvo presente en aquella reunión.
Estos eventos han puesto en el ojo del huracán al equipo de seguridad de la Presidencia, encabezado por Dávila antes de su trágico fallecimiento. La implicación de altos mandos en el uso de recursos estatales para violar los derechos de civiles es un golpe durísimo para el gobierno Petro, que había prometido cambios en el manejo de las instituciones de seguridad del Estado.
Las secuelas para Marelbys Meza
En medio de todo este escándalo, Marelbys Meza ha roto su silencio, ofreciendo un testimonio desgarrador sobre el impacto que este incidente ha tenido en su vida. Durante una declaración ante un juez, Meza relató cómo desde el momento en que fue señalada como sospechosa, su vida cambió por completo. “Mi vida se acabó a partir de ese momento: a nivel laboral, a nivel personal, incluso la salud de mi familia se ha visto afectada”, aseguró con profunda tristeza.
Meza ha reiterado en numerosas ocasiones que no robó la maleta de Sarabia y que, desde el inicio, las acusaciones en su contra han sido infundadas. Su caso, además de haber afectado gravemente su vida personal, ha sido instrumental en destapar una serie de irregularidades en las más altas esferas del poder.
Un escándalo que sacude al gobierno de Petro
Este caso ha escalado hasta convertirse en uno de los mayores escándalos del gobierno Petro, con consecuencias que todavía no se terminan de dimensionar. Lo que comenzó como una cuestión doméstica en el hogar de Laura Sarabia ha derivado en una trama de interceptaciones ilegales, presiones políticas y la muerte de un alto oficial de la Policía. La implicación directa de la Presidencia en las decisiones que llevaron a las chuzadas ha encendido todas las alarmas, y el desenlace de este caso podría tener repercusiones significativas tanto para Petro como para su equipo de gobierno.
A medida que avanzan las investigaciones, los testimonios de personajes clave como Alfonso Quinchanegua y otros oficiales de la Policía seguirán siendo fundamentales para entender la magnitud del encubrimiento y las violaciones de derechos que se cometieron. Por ahora, la Fiscalía sigue recabando pruebas, y el país entero espera con atención los próximos pasos en este complejo proceso judicial y político.
