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“A nombre del Partido Dignidad y Compromiso Carlos Amaya solicitó dinero, recibió donaciones, tuvo derecho a reposición de votos y el 2 de abril del año 2022 envió una carta de “desvinculación”, es decir, casi un mes después de que fueran las elecciones del 13 de marzo de 2022.
En Colombia uno se inscribe o renuncia, se afilia o se desafilia a los partidos pero nunca solicita la desvinculación, eso son términos que no aparecen en la legislación electoral, además es muy poco probable que el pudiera renunciar porque una candidatura no se termina el día de las elecciones, se termina hasta que se entregan las cuentas” Argumenta Jose Amelio Esquivel abogado demandante.
Los enredos de Carlos Amaya
En este proceso hay más preguntas que respuestas ¿Cuando entregó las cuentas Carlos Amaya al Partido Dignidad y Compromiso? ¿Cuánto dinero recibió de reposición de votos por el partido Dignidad y Compromiso? las respuestas debería darlas el Consejo de Estado el próximo 12 de diciembre.
Amaya está blindado con la institucionalidad, logró montarse como presidente de la Federación Nacional de Departamentos FND, convirtiéndose en el interlocutor entre el gobierno nacional y la oposición, hoy hasta piensa hacer un monumento en honor a la violaciòn del derecho internacional humanitario con las armas de los mercenarios paramilitares en el edificio Mónaco de Medellín, deplorable.
Cuenta con el respaldo de toda la linea de Santos incluyendo al Ministro del Interior Juan Fernando Cristo, tiene el respaldo del uribismo empezando por Álvaro Hernán Prada el presidente del CNE, es íntimo de la precandidata presidencial Claudia López, logró todo el control del Partido Alianza Verde ante la crisis de corrupción que involucra a Sandra Ortiz y a Carlos Ramón González, así las cosas, hoy la justicia de Colombia se encuentra ante su mayor desafío y debe sobreponerse a las maquinarias políticas, electorales y paramilitares de todos los colores y niveles.
El pasado 4 de junio del 2024, el magistrado ponente Luis Alberto Alvarez Parra decretó la acumulación de procesos y ordenó sorteo de magistrado ponente frente al caso de nulidad electoral 11001-03-28-000-2023-00127-00 en el cual ordena vincular tres procesos más por distintos delitos que se suman a la misma pretenciòn, sacar del Palacio de la Torre a Carlos Amaya quien busca llegar a los 12 años en el poder, en un departamento cada vez más desigual y pobre.
El pasado 22 de octubre, la ex magistrada Lucy Jeannette Bermúdez cuestionada por dilatar el proceso de Carlos Amaya renunció inexplicablemente a la defensa del cacique político. El socio político de Claudia López, no dudó en contratar nada más y nada menos que a un Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Humberto Sierra Porto, una jugada audaz para contratar a un juez para defender el delito.
Humberto Sierra Porto el nuevo afortunado en tener de cliente al multimillonario Carlos Amaya, ha sido catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Externado de Colombia, institución de la cual también ha sido Director de los posgrados en Derecho Constitucional; Derecho Parlamentario; Derecho Público, Ciencia y Sociología Política; y Derecho Público. La misma universidad que expulsó por plagio al ex secretario privado del Gobernador, Wilmer Leal, el actual director ejecutivo del Fondo Colombia en Paz.
El abogado de Carlos Amaya desde el año 2013 fue Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y fungió como su Presidente en el bienio 2014-2015. Dentro de la Corte Constitucional Colombiana se desempeñó como Magistrado.
Moviendo todas las influencias
Hay mucho en juego y por ello se ha contratado al mejor abogado. Se han utilizado toda clase de estrategias para persuadir la justicia por parte de Carlos Amaya entre las que se encuentran la de William Arley Cepeda Rodríguez, quien en condición de sordomudo adjuntó enlace de video de la coadyuvancia en lenguaje de señas, sin traducción, la de Gustavo Adolfo Collazos Roncancio, veedor ciudadano en representación de la veeduría ciudadana Tolima Despierta y la de Sewasu Cobaría, vicepresidente del cabildo mayor u’wa, quien aportó escrito en lenguaje nativo, sin traducción. Una burla de frente a la Justicia.
El Consejo de Estado está manejando cuatro procesos similares que argumentan que Amaya fue candidato a la Gobernación de Boyacá mientras estaba afiliado a dos partidos políticos diferentes. “En el momento de la inscripción de su candidatura para la Gobernación de Boyacá 2024 – 2027, estaba simultáneamente en el Partido Dignidad y Compromiso y en el Partido Alianza Verde”, señala una de las demandas contra Carlos Amaya.
Incluso candidatos del Centro Democrático apoyaron la reelección de Carlos Amaya y hoy están subordinados a sus órdenes como el caso del presidente de la Asamblea de Boyacá Armando Quiñones quien incluso aparece en fotografías junto al entonces candidato del partido verde y hoy en la cuerda floja, Gobernador de Boyacà.
Carlos Amaya solicitó que se desestimen las demandas, argumentando que no pertenece a dos partidos políticos como ciudadano, ya que solo representa al Partido Alianza Verde después de su renuncia al Partido Dignidad en abril de 2022 sin embargo las pruebas allegadas por el abogado y ex aspirante a la alcaldía de Tunja del Partido Alianza Verde Jose Amelio Esquivel muestran lo contrario.
Frente a este hecho en una entrevista para Ultima Hora Noticias de Boyacá José Amelio Esquivel, demandante de la elección de Carlos Amaya manifestó que “La demanda es el resultado de una queja que puse ante el Consejo Nacional Electoral una vez que se inscribió el candidato Carlos Andrés Amaya en el mes de agosto. Expuse que él se encontraba inscrito simultáneamente en el Partido Dignidad y en Alianza Verde.
Lo consideré porque en el transcurso del año 2022 mientras estaba rindiendo cuentas de la consulta interpartidista en la que participó como precandidato presidencial, estaba al tiempo en el partido Alianza Verde como candidato a la gobernación”.
En la primera instancia el cuestionado Consejo Nacional Electoral (CNE) le permitió al cacique político de Boyacá Carlos Amaya que fuera candidato argumentando que el Partido Dignidad había certificado que el seis de abril del 2022 había renunciado, ojo el CNE no es garantía de justicia, recordemos lo que está pasando con sus magistrados que tienen deudas con la justicia. Sin embargo, según José Esquivel, existían pruebas de que continuó del seis de abril al 27 de julio de ese año, suscribiendo diferentes informes de rendición de cuentas, las cuales fueron aportadas una a una y difícilmente pueden desestimarse.
El abogado de la Universidad de los Andes Jose Esquivel explicó a la emisora que “Radiqué entonces un apelación ante el CNE, recordando que este órgano está conformado por magistrados designados por cada uno de los partidos políticos y precisamente el magistrado que estudió el caso, era el antiguo abogado de Carlos Amaya en el Partido Verde. Hasta la Procuraduría que intervino en ese proceso recomendó que fuera anulado o archivado el proceso y sugirió que los ocho magistrados se declararan impedidos. A pesar de ello el CNE dos días antes de las elecciones decidió en segunda instancia permitirle participar en las elecciones”.
Mientras tanto la respuesta de Carlos Amaya fue el testimonio de Sewasu Cobaría, vicepresidente del cabildo mayor u’wa, quien aportó escrito en lenguaje nativo, sin traducción, una jugada astuta para evadir la justicia.
El CNE hoy presidido por el uribista Álvaro Hernán Prada acusado de torcer testigos a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, es responsable de la crisis de gobernabilidad y corrupción hoy existente en el departamento de Boyacá heredada por Colombia con el caso de la UNGRD, lo anterior porque fue el Consejo Nacional Electoral (CNE) quien permitió que aun inhabilitado Carlos Amaya llegara a la gobernación.
El 28 de junio de 2023 se hizo público en medios nacionales que a través de sus redes sociales, Jorge Enrique Robledo confirmó que la dirección del partido Dignidad y Compromiso respaldaba la candidatura de Carlos Andrés Amaya a la Gobernación de Boyacá. No sabemos cuál era el compromiso y si ya lo pagó al ex congresista de la dignidad perdida, Robledo.
En una carta enviada desde la Dirección Departamental de Boyacá previamente se había aprobado solicitar al Comité Ejecutivo Nacional del partido Dignidad y Compromiso su respaldo para Amaya.
Según la directiva regional de ese partido, la coalición está basada en inversión empresarial que permita generar empleos, políticas públicas en los sectores agrario, industrial y minero con protección ambiental, hídrica y de páramos” nada más lejano de la realidad pero propio del líder de centro derecha Robledo.
Dentro de los hechos que se han presentado en este proceso llama la atención que la Procuraduría General de la Nación pidió cambiar los ocho magistrados que hacían parte del Consejo Nacional Electoral y que conocieron el caso de solicitud de revocatoria de Carlos Andrés Amaya, como candidato a la Gobernación de Boyacá.
Para persuadir la justicia Carlos Amaya tiene varias cartas a favor gracias al juego que le ha dado el Presidente Petro. Por un lado tiene la presidencia de la Cámara de Representantes con Jaime Raul Salamanca, seamos claros en algo, los congresistas en Colombia son la principal herramienta para constreñir la justicia, nombran a los magistrados y después les dan órdenes. Sumado a lo anterior ha logrado ubicar en altos cargos a sus más cercanos amigos como Wilmer Leal director del Fondo Colombia en Paz y a Sandra Ortiz como consejera presidencial para las regiones, la segunda ya no está vigente y debe responder a la justicia ante recientes acusaciones de tráfico de influencias y lavado de activos.
Por otra parte, dentro de los recientes escándalos de Carlos Amaya se encuentra la denuncia en la cual el gobernador favoreció a un círculo íntimo con millonarios contratos que terminaron en hallazgos fiscales, detrimento patrimonial e investigaciones disciplinarias.
Los beneficiarios de más de 167 mil millones son los hermanos José Antonio y David Felipe Peña Villalobos, oriundos de Villavicencio quienes organizaron una especie de carrusel muy usado para este tipo de contratación y que resultaron ganadores de tres jugosas licitaciones para obras viales en Boyacá, con sobrecostos, retrasos y múltiples irregularidades.
Los hermanos Peña y sus socios configuraron un esquema de contratación en el que cinco empresas distintas, de los mismos dueños de Villavicencio y Bogotá, participaron en por lo menos tres procesos licitatorios en los que resultaron ganadores. Ahora, todo está en manos del Consejo de Estado que el 12 de diciembre tomará una decisión frente al régimen de Amaya.
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