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Recientemente, el Tribunal Superior de Bogotá ha ordenado la suspensión temporal del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe.
La decisión se basa en la aparente falta de imparcialidad de la jueza a cargo del caso. Esta medida se tomó en el marco del proceso por presunta manipulación de testigos.
Las pruebas en contra de Álvaro Uribe
Los magistrados deben analizar a profundidad la acción de tutela presentada por la defensa de Uribe, la cual sostiene que se han vulnerado los derechos fundamentales al debido proceso del expresidente.
A solo ocho meses de la prescripción del caso, fijada para el 8 de octubre de 2025, los abogados de Uribe buscan dilatar el proceso mediante recursos y apelaciones. La estrategia se centra en agotar los términos legales para evitar una condena.
El caso comenzó en 2012, cuando Álvaro Uribe denunció ante la Corte Suprema al senador Iván Cepeda, acusándolo de orquestar un complot con falsos testigos en cárceles para vincularlo con el paramilitarismo.
Sin embargo, en 2018, el tribunal cambió el rumbo del proceso: archivó la denuncia contra Cepeda y, en su lugar, ordenó investigar a Uribe.
Se sospecha que él y sus abogados habrían manipulado testigos para que se retractaran de sus acusaciones y, a su vez, culparan a Cepeda de presionarlos para incriminar al expresidente.
Uno de los testigos clave es Juan Guillermo Monsalve, exparamilitar e hijo del mayordomo de la finca Guacharacas, quien ha sostenido que en esa propiedad nació el Bloque Metro de las autodefensas.
Monsalve denunció presiones para retractarse de sus declaraciones, entre ellas las de Carlos Eduardo López, alias ‘Caliche’, quien intentó convencerlo mediante mensajes como: “Ese señor Prada está cagado de miedo y me dijo que me ayudaba, pero que ya… que me cumplían, pero todo por escrito”.
Otra evidencia crucial son las grabaciones obtenidas mediante una cámara oculta en un reloj de Monsalve. En ellas, Enrique Pardo Hasche, preso en La Picota, le ofrece beneficios a cambio de cambiar su versión: “Si usted se pasa para el lado del presidente, va a recibir grandes cosas”.
Diego Cadena también visitó a Monsalve y le ofreció presentar sin costo un recurso contra su condena. En una conversación interceptada, consultó a Uribe sobre esta acción, a lo que el expresidente respondió: “El recurso jurídico está bien, por supuesto”.
El caso avanzó hasta el punto en que la Corte Suprema ordenó la detención domiciliaria de Álvaro Uribe. Dos semanas después, en agosto de 2020, renunció a su curul en el Senado y logró que el proceso pasara de la Corte Suprema a la Fiscalía, institución a la que acusó de parcialidad en su contra.
Bajo la gestión de Francisco Barbosa, cercano al expresidente Iván Duque, la Fiscalía intentó tres veces cerrar el caso, pero los jueces lo rechazaron.
Sin embargo, en 2024, con la llegada de Gilberto Villareal como fiscal del caso y Luz Adriana Camargo como fiscal general, la postura cambió radicalmente.
En mayo, la Fiscalía acusó a Álvaro Uribe de soborno y fraude procesal. Con el aval de la jueza, se abrió un juicio, convirtiéndolo en el primer expresidente en décadas en enfrentar un proceso judicial.
Este caso, que ha sido nuevamente suspendido, se ha extendido por siete años, ha pasado por tres fiscales generales y ha implicado innumerables horas de audiencias judiciales.
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