Se cumplen dos años del gobierno de Gustavo Petro y con ellos se evidencian avances en la implementación del Acuerdo de Paz; aunque algunos dicen que el cumplimiento de lo pactado es lento, lo cierto es que los progresos representan hechos únicos desde los casi 8 años de la firma del Acuerdo.
Bogotá D.C.; 7 de agosto de 2024. Desde su creación en diciembre del 2022 la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz (UIAP), dentro de la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz ha desempeñado una labor que, aunque en apariencia silenciosa representa la recuperación del espíritu del Acuerdo de Paz, que significa, por una parte, la articulación y profundización de las relaciones con las entidades del Estado, con los firmantes de paz en sus diferentes expresiones, y con los grupos poblacionales que hacen parte de las múltiples instancias creadas en el Acuerdo, y por otra, la acción basada en una visión integral de la implementación.
En sus labores de coordinación, seguimiento, asesoría y articulación, la UIAP, en cabeza de Gloria Cuartas ha logrado la activación de instancias y espacios que se encontraban rezagados, como la Instancia Especial de Mujeres (IEM), la Instancia Especial de Alto Nivel de Pueblos Étnicos (IEANPE) y la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación al Acuerdo de Paz (CSIVI).
Además activó la Instancia de articulación del Gobierno con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la de alto nivel del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP), y la de acompañamiento internacional al Acuerdo de Paz.
“Desde la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz hemos desarrollado una estrategia territorial e institucional para recuperar el espíritu del Acuerdo, basada en el deber de escuchar, entender y atender las necesidades de quienes habitan los lugares más afectados por la violencia ante la diversidad de tensiones y conflictos que acontecen en la simultaneidad del país”, explicó Gloria Cuartas, directora de la UIAP.
En ese sentido, la UIAP impulsó la creación de una nueva metodología para el OCAD Paz, fundamentada en la búsqueda de transparencia y equidad para que los recursos de la paz lleguen realmente a las poblaciones que más lo necesitan promoviendo transformaciones reales en los territorios. Así mismo, logró la firma de un convenio marco para garantizar la atención física y psicosocial de víctimas del conflicto armado y firmantes de paz con discapacidad por lesiones de guerra.
Y con su equipo viene suscitando la inclusión de acciones y políticas dentro de los planes de gobierno territoriales, a fin de cumplir con el Acuerdo de Paz en el
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marco de su comprensión como política de Estado y base de confianza de la Paz Total.
Básicamente acciones como estas marcan una línea de base fundamental para que lo pactado entre el Estado colombiano y las Extintas FARC-EP se cumpla, máxime tras cuatro años de rezagos en la implementación del Acuerdo de Paz que implicaban la reformulación de la visión política para lograr el cambio.
Dos hitos avanzando en dignidad con la implementación del Acuerdo de Paz
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Revisión y ajuste al Plan Marco de Implementación (PMI) del Acuerdo de Paz.
Significa uno de los hechos más destacados siendo el PMI el principal instrumento de planeación del Acuerdo. El objetivo es ajustar las falencias que tuvo la construcción de esta hoja de ruta en su origen, priorizando y definiendo los resultados esperados, los recursos destinados y la temporalidad para la implementación.
El 30 de julio del 2023 se elaboraron los parámetros para su revisión, los cuales fueron presentados previamente a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI), con la cual se ha desarrollado una acción participativa y concertada junto a la IEANPE y la IEM. El 15 de marzo del presente año estos parámetros fueron aprobados en sesión de la CSIVI.
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Activación del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP).
La UIAP logró la activación del SISEP con el fin de contribuir a crear y garantizar una cultura de paz, y por la dignificación del ejercicio de la política y la prevención de cualquier forma de estigmatización y persecución contra la población firmante del Acuerdo de Paz.
Para ello se han puesto en marcha las instancias del SISEP y se han creado herramientas de política pública, para garantizar la seguridad de líderes comunitarios y políticos, organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y firmantes de paz.
Resalta la expedición de la Política de Desmantelamiento de Organizaciones Criminales que atentan contra la construcción de paz, incluidas las denominadas sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, como también su plan de acción.
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Esta política se convierte en el mayor instrumento para la no repetición de violaciones graves y sistemáticas contra los derechos humanos de su población objeto, y fortalece modelos de investigación criminal frente a las conductas y organizaciones que atentan contra la participación política de mujeres, jóvenes y pueblos étnicos.
Además, como un ejercicio único en estos casi ocho años desde la firma del Acuerdo de Paz, de manera concertada y participativa se creó y adoptó el Plan Estratégico de Seguridad y Protección (PESP), con el cual se contribuye a garantizar la implementación de medidas de prevención, seguridad y protección de la vida e integridad de las proceso de reincorporación a la vida civil, cobijando a los miembros del partido Comunes, a sus familias, actividades y sedes, dependiendo de su nivel de riesgo.
En el marco de la seguridad humana integral además se han construido 21 rutas de respuesta inmediata, como herramienta de coordinación interinstitucional para una respuesta efectiva ante situaciones de riesgo inminente en los departamentos de Antioquia, Arauca, Bolívar, Caquetá, Casanare, Cauca, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Valle del Cauca.
Y a través de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas se ha coordinado, articulado y hecho seguimiento a 312 alertas tempranas. Se han activado rutas institucionales de seguridad, prevención, protección, atención integral a las víctimas y se ha impulsado la investigación judicial con participación de entidades nacionales y territoriales, liderazgos de la sociedad civil, representantes de víctimas y organizaciones defensoras de Derechos Humanos.
“El Sistema Integral de Seguridad para la Participación Política significa que la vida de firmantes de paz, líderes sociales y comunidades hoy tienen rutas de protección que muestran que el deber de la paz y su protección está en el corazón de la política que la Unidad de Implementación”, expresó Cuartas.
Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz
Dirección: Carrera 8 No.7 – 26, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 562 9300 – 601 382 2800
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 913666
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