En el corregimiento de El Plateado, en el municipio de Argelia, Cauca, un atroz crimen ha sacudido a la comunidad y al país entero. Este martes 24 de diciembre, las Fuerzas Militares confirmaron que integrantes de la estructura Carlos Patiño, una de las más violentas disidencias de las Farc, asesinaron a un adolescente de 15 años tras su negativa a unirse al grupo armado. Este lamentable hecho es un nuevo recordatorio del terror que estas organizaciones ilegales han impuesto en la región y de la urgencia de proteger a las comunidades más vulnerables, especialmente a los menores de edad.
La vida truncada de un menor en medio de la violencia
El homicidio ocurrió en la vereda La Hacienda, donde, según las autoridades, hombres al mando de alias ‘Cristian’, un cabecilla de la estructura Carlos Patiño, llegaron hasta la vivienda del adolescente y lo sacaron por la fuerza. Aunque el joven logró escapar brevemente de sus captores, fue alcanzado y recibió al menos cuatro disparos que le causaron la muerte.
Este crimen, atribuido directamente a las disidencias bajo el mando de alias Iván Mordisco, ha generado indignación nacional e internacional, pues representa una clara violación al Derecho Internacional Humanitario y a los derechos fundamentales de los niños, quienes, según la legislación internacional, deben ser protegidos de cualquier forma de violencia o reclutamiento forzado.
La Defensoría del Pueblo ha reiterado en múltiples ocasiones la gravedad del uso de menores de edad en el conflicto armado, y ha pedido de forma insistente que se tomen medidas más contundentes para frenar esta práctica. Sin embargo, las cifras y los testimonios en la región demuestran que esta problemática sigue siendo una realidad alarmante.
El Plateado: un epicentro de conflicto y terror
El corregimiento de El Plateado se ha convertido en uno de los territorios más afectados por la violencia de las disidencias de las Farc en el Cauca. Este grupo armado ilegal no solo recurre al reclutamiento forzado de menores, sino también al uso de explosivos y a la intimidación sistemática de las comunidades para mantener el control territorial.
Desde octubre pasado, las Fuerzas Militares han desplegado operativos en la zona con el objetivo de contrarrestar la presencia de estas disidencias y proteger a la población civil. Sin embargo, las acciones del grupo Carlos Patiño han continuado sembrando terror, incluyendo combates, instalación de artefactos explosivos y ataques dirigidos contra las tropas del Ejército Nacional.
En un informe reciente, la Defensoría del Pueblo advirtió que la estructura Carlos Patiño utiliza a menores para transportar explosivos y otros materiales de guerra, exponiéndolos a riesgos extremos. Este tipo de prácticas no solo viola las normas humanitarias, sino que también destruye el futuro de cientos de niños que deberían estar protegidos de la violencia.
El reclutamiento forzado: una problemática que persiste
El asesinato del joven en La Hacienda no es un hecho aislado. Desde noviembre, las autoridades locales han reportado el reclutamiento de al menos 15 menores de edad en El Plateado por parte de las disidencias, una cifra alarmante que podría ser mucho mayor debido al silencio impuesto por el miedo y las amenazas.
Estos reclutamientos se realizan en medio de un contexto de abandono estatal y falta de oportunidades para los jóvenes, quienes, en muchos casos, son forzados a ingresar a los grupos armados o enfrentan represalias, como sucedió con el adolescente asesinado.
En palabras de un líder comunitario, que prefirió permanecer en el anonimato por razones de seguridad: “Aquí vivimos con miedo todos los días. Los niños ya no pueden jugar tranquilos, y las familias no saben si denunciar porque temen que haya represalias”.
¿Qué puede hacer el Estado para proteger a los menores en zonas de conflicto?
Este doloroso crimen subraya la necesidad urgente de reforzar las estrategias de protección para los menores de edad en las zonas más afectadas por el conflicto armado. Aunque el Ejército Nacional ha intensificado su presencia en El Plateado, las comunidades siguen exigiendo un enfoque integral que incluya no solo medidas militares, sino también programas sociales, educativos y de prevención que ofrezcan alternativas reales a los jóvenes en riesgo de ser reclutados.
Por otro lado, organizaciones defensoras de derechos humanos han instado al gobierno nacional y a la comunidad internacional a priorizar la protección de la niñez en el marco del conflicto armado. Esto incluye fortalecer las políticas públicas, garantizar el acceso a la educación y crear espacios seguros donde los niños puedan crecer sin el temor constante de la violencia.
Un crimen que no puede quedar impune
El asesinato de este adolescente representa una herida profunda para el país y para los valores de humanidad que deben prevalecer incluso en contextos de conflicto. El llamado ahora es claro: se requiere justicia para las víctimas y acciones concretas para evitar que hechos como este se repitan.
Mientras tanto, las comunidades de El Plateado y otras zonas del Cauca viven en medio del temor, con la esperanza de que algún día la paz sea una realidad y que los niños puedan soñar con un futuro alejado de las armas.
