La reciente designación de Daniel Mendoza Leal, creador de la controvertida serie ‘Matarife’, como embajador de Colombia en Tailandia, ha desatado una ola de críticas encabezada por la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien rechazó categóricamente el nombramiento. En sus declaraciones, Marín calificó la designación como un «grave error» que contradice las políticas de protección a la niñez y lucha contra la violencia de género promovidas en el país.
«Esto no es amor, es violencia sexual»: las contundentes palabras de Iris Marín
La defensora del Pueblo fue clara al manifestar su preocupación por los antecedentes y declaraciones públicas de Mendoza. Según Marín, este ha hecho expresiones que normalizan o justifican actos de abuso y violencia sexual, citando comentarios de Mendoza sobre relaciones sexuales con menores y mujeres bajo efectos de sustancias psicoactivas.
«Eso NO es amor, son modalidades de violencia sexual contra la mujer y, peor aún, contra las niñas», afirmó. Recordó además la Observación General No. 13 del Comité de Derechos del Niño de la ONU, que establece que cualquier actividad sexual impuesta por un adulto a un niño es un delito y una forma de violencia que debe ser combatida con firmeza.
En este contexto, Marín señaló que el nombramiento de Mendoza contradice las recomendaciones internacionales en materia de protección a la infancia. Según el Comité de la ONU, es esencial reducir la demanda de sustancias psicoactivas y educar para erradicar costumbres y actitudes que perpetúan la violencia contra menores. «Con este nombramiento, el Gobierno ignora estas recomendaciones y perpetúa una cultura machista y violenta», concluyó.
Críticas al Gobierno: un mensaje contradictorio en la lucha contra la violencia de género
Las críticas de Marín no se limitaron a Mendoza, sino que también apuntaron al propio Gobierno, que había prometido combatir la violencia de género y garantizar los derechos de las mujeres y niñas en Colombia. «El Gobierno no se puede convertir en una dolorosa caricatura de la cultura violenta promovida por altas autoridades», dijo la defensora, subrayando que la designación de Mendoza contradice las acciones emancipatorias que ha prometido el presidente Gustavo Petro.
Marín destacó un dato alarmante: el 87% de los dictámenes medicolegales por violencia sexual en Colombia corresponden a mujeres, en su mayoría menores de edad. Este contexto, según la funcionaria, pone de manifiesto la desconexión entre el discurso oficial y las decisiones gubernamentales, que parecen ignorar la realidad de violencia estructural en el país.
Impacto diplomático y político: preocupación por la imagen de Colombia
No solo la defensoría del Pueblo se ha pronunciado contra el nombramiento de Daniel Mendoza. Diversos sectores políticos y sociales también han expresado su rechazo, incluyendo a la Asociación de Funcionarios de Carrera Diplomática, que calificó la designación como un golpe a la imagen del servicio exterior colombiano. En un comunicado, advirtieron que el nombramiento de un embajador con antecedentes y posturas tan polémicas podría tener repercusiones negativas en las relaciones internacionales del país.
Por su parte, algunos líderes de opinión han señalado que la decisión del Gobierno refleja una falta de rigor en los procesos de selección para cargos diplomáticos. Tailandia, un país que enfrenta serios problemas relacionados con el tráfico de personas y la explotación sexual infantil, demanda representantes que aboguen firmemente por la defensa de los derechos humanos, algo que, según los críticos, Mendoza no garantiza.
¿Un retroceso en la política de igualdad y derechos humanos?
El caso de Daniel Mendoza plantea una pregunta inquietante: ¿está el Gobierno retrocediendo en su compromiso con la igualdad de género y la protección de la infancia? Las declaraciones de Iris Marín y de otros sectores reflejan una creciente preocupación por la coherencia entre el discurso y las acciones del Estado. Mientras tanto, la designación sigue siendo motivo de debate público, y las críticas ponen en duda si esta decisión refleja los valores de justicia y protección que la administración de Petro ha prometido defender.
Con este panorama, queda por ver si el Gobierno reconsiderará el nombramiento de Mendoza o si, por el contrario, buscará justificarlo en medio de una creciente oposición. Lo que está claro es que este episodio no pasará desapercibido y podría marcar un antes y un después en la política exterior y de derechos humanos en Colombia.
