El 9 de diciembre, un video que circuló en redes sociales conmocionó a los colombianos. En él, una mujer, quien sería exsubintendente de la Policía en Barranquilla, denunció un grave caso de acoso sexual y laboral por parte de un superior. La denunciante asegura que, tras negarse a tener relaciones con un coronel, comenzó a sufrir represalias sistemáticas que la obligaron a renunciar a la institución.
Visiblemente afectada y sosteniendo a su hija en brazos, la mujer relató cómo, además de enfrentarse al acoso de su superior, tuvo que soportar ataques laborales respaldados, según ella, por otra oficial que actuaba como cómplice. Ante la falta de apoyo de las autoridades internas y externas, decidió hacer pública su historia en busca de justicia.
“Me están obligando a callar”: el relato de la denunciante
En el video, la mujer narra con detalle cómo el presunto acoso escaló tras rechazar la propuesta sexual de su superior. Entre lágrimas, expresó:
“Desde hace un tiempo he venido siendo acosada por un señor coronel que me propuso acostarme con él. A raíz de que mi respuesta fue negativa, empezó a incrementar el acoso. Mandó a una señora oficial, que era mi jefe, a que me acosara. De todo lo que estoy diciendo tengo pruebas, testigos, documentación, fotos, videos”.
La denunciante agregó que una de las represalias más graves fue la constante exigencia de un traslado a Cali, una ciudad donde no tiene apoyo familiar ni logístico para el cuidado de sus hijas. Según ella, esta presión, sumada al hostigamiento laboral y la falta de permisos, deterioró su salud emocional y la de su familia. Finalmente, optó por solicitar su retiro y recurrir a las redes sociales para visibilizar su caso.
Aunque no reveló nombres, posiblemente por temor a represalias, afirmó contar con pruebas contundentes que podría presentar ante las autoridades en caso de que se investigue el caso.
La reacción en redes sociales y el respaldo público
El video de la exsubintendente ha generado una oleada de solidaridad en redes sociales. Miles de usuarios expresaron su apoyo con mensajes de rechazo hacia el presunto agresor y el sistema que, según la denunciante, no le brindó la protección ni la orientación necesarias.
Este caso, además, reavivó el debate sobre el acoso sexual en instituciones públicas y las barreras que enfrentan las víctimas al intentar denunciar a personas con poder e influencia. No es la primera vez que la Policía Nacional queda en el ojo del huracán por este tipo de acusaciones, lo que pone en evidencia la necesidad de una revisión estructural de los protocolos internos frente a estas denuncias.
Estrategias contra el acoso sexual en Colombia: la Defensoría del Pueblo se pronuncia
El 25 de noviembre de 2024, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, presentó una nueva estrategia para enfrentar el acoso sexual en Colombia. Según Marín, muchos casos quedan en la impunidad debido al temor de las víctimas y al poder de sus agresores.
La estrategia incluye un canal directo de denuncia a través del correo electrónico [email protected], donde las víctimas pueden acceder a:
- Acompañamiento psicosocial: Para apoyar emocionalmente a las afectadas.
- Asesoría jurídica: Orientación sobre los pasos legales que deben seguir.
- Representación penal: Para garantizar que los casos lleguen a instancias judiciales y se reduzca la impunidad.
Asimismo, la Defensoría del Pueblo implementó el método del scratch, que consiste en una denuncia pública del presunto agresor cuando las pruebas sean contundentes y la exposición mediática del caso sea un obstáculo para la justicia.
“Queremos ponernos del lado de las mujeres porque sabemos que, desafortunadamente, no son pocos los casos”, señaló Marín.
¿Qué sigue para este caso?
El caso de la exsubintendente pone sobre la mesa preguntas críticas: ¿qué tan accesibles son los mecanismos de denuncia para las mujeres en instituciones jerárquicas como la Policía? ¿Se garantizará la protección de la denunciante y su familia frente a posibles retaliaciones? Además, el hecho de que este tipo de casos necesite hacerse público para generar atención subraya las fallas del sistema institucional para proteger a las víctimas de violencia de género.
En medio del clamor ciudadano por justicia, queda la expectativa de que las autoridades actúen con rapidez y contundencia para investigar estas denuncias y brindar apoyo integral a la exsubintendente. Este caso no solo plantea la urgencia de atender a la denunciante, sino también la necesidad de implementar medidas efectivas que prevengan y castiguen el acoso sexual en todas las instituciones del país.
