En el marco de la conmemoración de los 8 años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado Colombiano y las FARC-EP, la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz presenta el informe de logros y avances de estos dos años del gobierno del presidente Gustavo Petro.
133.132 hectáreas de tierra entregadas y 1.228.452 formalizadas; 16.923 iniciativas del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) activadas; implementación del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP); diseño y aprobación de la Política pública de desmantelamiento de organizaciones criminales y su plan de acción permanente y aprobación del Plan Estratégico de Seguridad y Protección entre los logros destacados.
Bogotá D.C.; 19 de noviembre de 2024. (@UAcuerdoPaz). La Unidad de Implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, bajo la dirección de Gloria Isabel Cuartas Montoya, presenta el informe de avances en la implementación del Acuerdo de Paz que incluye el consolidando de la información reportada por las diferentes entidades con responsabilidades en el cumplimiento de lo pactado en 2016.
El documento publicado en el marco de la conmemoración del octavo aniversario del Acuerdo de Paz expone los avances más significativos en el Gobierno del Cambio para cada uno de sus seis puntos, en el periodo comprendido entre agosto del 2022 y octubre del 2024 destacando entre otros los siguientes logros:
Reforma rural – punto uno: entrega de 133.132 hectáreas (ha) de tierra y la formalización de 1.228.452 ha, además de la puesta en marcha de los ocho subsistemas del Sistema Nacional de la Reforma Agraria y Desarrollo Rural, así como su Comisión Intersectorial con una agenda clave de articulación de los 16 Planes Nacionales de la Reforma Rural Integral.
También se registran apuestas estratégicas en las regiones Andina, del Caribe y Magdalena Medio, Amazonía, Orinoquia, pacífica y el archipiélago de San Andrés y Providencia, además de 11 Zonas de Reserva Campesina aprobadas que equivalen a 555.305 hectáreas en beneficio de 9.906 familias en ocho departamentos. Así mismo, 16.923 iniciativas del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) han sido activadas, correspondientes al 51% principalmente en las subregiones del Pacífico medio, bajo Cauca y Nordeste Antioqueño y Catatumbo.
Y una nueva metodología de priorización del OCAD Paz para las fuentes de Asignación Paz en obras del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), establece bolsas subregionales para los $2,06 billones para vigentes del bienio 2023 – 2024 y permite que los recursos lleguen a donde más se necesita.
Participación política – punto dos: $7.000 millones han sido destinados a la financiación de las instancias de participación creadas por el Acuerdo de Paz, (Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación -CSIVI- en el componente Comunes; Instancia Especial de Mujeres -IEM-; Instancia Especial de Alto Nivel de Pueblos Étnicos -IEANPE-).
Se logró la aprobación del Servicio Social para la Paz, como una alternativa al servicio militar obligatorio; y 524 cursos, seminarios y diplomados fueron realizados en temas relacionados con la implementación del Acuerdo como activismo para la paz en zonas de conflicto, herramientas para mujeres lideresas y constructoras de paz en los territorios, construcción de capacidad para la paz, control social a la implementación del Acuerdo de Paz, derechos humanos y liderazgo para la paz, generando más de 20.500 certificaciones.
Fin del conflicto – punto tres: en materia de reincorporación se registran 12.105 2.992 firmantes de paz activos en la ruta de reincorporación integral. $12.591 millones han sido desembolsados para proyectos productivos de esta población de 32 departamentos. 12.495 firmantes han sido vinculados laboralmente y, 12.671 hectáreas se han comprado y entregado a firmantes en 55 predios.
En materia de garantías de seguridad, uno de los temas más sensibles y complejos, se ha reporta la implementación del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP) desde el enfoque de seguridad humana. Se han activación de seis de las siete instancias creadas por el Sistema, y se diseñó y aprobó la Política pública de desmantelamiento de organizaciones criminales y su plan de acción permanente.
Así mismo, se logró la probación e implementación del Plan Estratégico de Seguridad y Protección y el Programa de Protección Integral para firmantes de paz, sus familias y miembros del partico Comunes, con enfoque de género y una participación amplia de firmantes. Se crearon 24 rutas de respuesta inmediata para la seguridad de firmantes en implementación en 27 departamentos; y se han desarrollado 62 sesiones territoriales de la Mesa Técnica de Seguridad y Protección desde un enfoque de seguridad humana y en desarrollo del Plan Estratégico de Seguridad y Protección.
“A pesar de todos estos esfuerzos, desde la firma del Acuerdo Final de Paz han sido asesinados 437 firmantes de paz, 23 este año, y 1.386 líderes sociales. A dos años de este gobierno aún persiste la necesidad de lograr resultados de mayor impacto en la protección de la vida”, expresó Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz.
Solución al problema de las drogas ilícitas – punto cuatro: 76.206 familias (94%) del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) cuentan con Asistencia Alimentaria Inmediata; 65.498 tienen asistencia técnica integral, 77.430 avanzan con proyectos de autosostenibilidad y seguridad alimentaria. Además, 414 iniciativas de los Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA) cuentan con ruta de implementación en los PISDA en 48 municipios PNIS y PDET (50,9%).
Acuerdo sobre las Víctimas – punto cinco: 79 Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC) formulados, de estos 45 a sujetos de reparación colectiva étnicos, 28 a comunidades campesinas y seis a organizaciones y grupos. Se han realizado 355.596 giros de indemnizaciones a 305.165 víctimas por un valor de $ 3,1 billones. De estas 296.692 han sido víctimas indemnizadas por vía administrativa y 8.473 por vía judicial.
15.604 solicitudes han sido habilitadas de restitución de tierras en ruta individual (88% de las solicitudes recibidas). De estas, 10.772 cuentan con trámite finalizado y corresponden a 140.191 hectáreas dirigidas a 31.640 personas.
También se creó y puso en funcionamiento la Instancia de Articulación entre el Gobierno Nacional y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para ejecución de las sanciones propias. Se ha garantizado el seguimiento al cumplimiento de 104 recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad priorizadas por el Gobierno Nacional.
Y se aprobó el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas como hoja de ruta para adelantar este proceso en el país.
Implementación, verificación y refrendación – punto seis: se activó y recuperó del rol político de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), y se realizó la primera sesión territorial de esta instancia en Putumayo, con participación de más de 250 personas firmantes de paz, comunidades, Gobierno Nacional y autoridades locales.
Además y de manera muy relevante avanza la revisión y actualización del Plan Marco de Implementación, como hoja de ruta para el cumplimiento de lo acordado. Son más de 100 ajustes y la creación de más de 70 indicadores a los existentes.
El informe también incluye los avances en la implementación de los capítulos étnico y de género, además de los progresos en materia normativa y legislativa.
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