En un nuevo giro del escándalo de corrupción que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Fiscalía General de la Nación ha citado a Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la entidad, para ampliar los cargos en su contra el próximo 7 de noviembre. Ambos exfuncionarios enfrentarán una formulación de imputación más amplia, ahora con la inclusión del delito de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, sumándose a las acusaciones previas por concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, falsedad en documento privado, e interés indebido en la celebración de contratos.
Las revelaciones recientes, donde los nombres de altos funcionarios y congresistas se han vinculado a este caso, han generado controversia en la opinión pública. Este proceso de imputación sigue impactando la imagen de la UNGRD, una entidad cuya misión es responder a situaciones de emergencia y que ahora se encuentra en el ojo del huracán por presuntos desvíos de fondos asignados a la atención de desastres naturales.
El listado de 26 implicados y el iPhone 14 entregado a la Fiscalía
Dentro de este proceso, la defensa de Sneyder Pinilla ha proporcionado a la Fiscalía un listado de 26 personas supuestamente involucradas en el esquema de corrupción que operaba dentro de la UNGRD. El listado incluye, según se informó, a varios funcionarios y contratistas, aunque sus identidades se mantienen en reserva debido al curso de la investigación.
Además, Pinilla entregó voluntariamente un iPhone 14, considerado material clave para la investigación, con el objetivo de que se realice una extracción forense de los contactos y mensajes almacenados en el dispositivo. Según la información que acompaña esta entrega, los números telefónicos de los presuntos implicados en la red de corrupción serían extraídos del celular, lo cual podría dar a la Fiscalía una nueva línea de evidencia para determinar la magnitud del esquema y la red de personas involucradas.
La fiscal general Luz Adriana Camargo y su equipo han mantenido varias líneas de investigación, explorando las conexiones de los implicados con congresistas y altos funcionarios, en un esfuerzo por esclarecer cómo operaba la red de corrupción dentro de la UNGRD y el uso que se le dio a los recursos desviados.
Sobornos y el presunto involucramiento del exsenador Iván Name
Entre los nombres destacados en el caso, el exsenador Iván Name ha sido señalado por Pinilla como uno de los beneficiarios de los sobornos que presuntamente se distribuían entre los legisladores para asegurar respaldo político a los proyectos del Gobierno. Según la declaración de Pinilla, Name habría recibido la suma de $3.000 millones de pesos con el objetivo de facilitar la aprobación de las reformas impulsadas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro en el Congreso.
Estas acusaciones han provocado una respuesta contundente por parte del exsenador, quien ha presentado una denuncia penal en contra de Pinilla y López, acusándolos de mentir para incriminarlo. Según Name, el testimonio del exsubdirector de la UNGRD es falso y pretende conseguir beneficios judiciales al incriminarlo sin pruebas contundentes. Su defensa, liderada por el abogado Jaime Lombana, sostiene que los registros de localización satelital del celular de Pinilla, también entregado como prueba, demuestran que este nunca estuvo en la residencia del exsenador en Bogotá, como Pinilla había asegurado.
Lombana afirmó que los datos de localización contradicen la versión de Pinilla, cuestionando así la credibilidad del exfuncionario y su intención de «obtener un principio de oportunidad» al cooperar con la Fiscalía, posiblemente para reducir su propia responsabilidad en el caso de corrupción. La defensa del exsenador insiste en que la entrega de sobornos nunca ocurrió y considera que las acusaciones buscan desviar la atención de los delitos en los que Pinilla y López habrían participado directamente.
Desviación de fondos para sobornos y la pérdida de recursos públicos
Según la Fiscalía, las investigaciones apuntan a que el dinero desviado en estos contratos irregulares, destinados en principio a la atención de desastres y emergencias, fue utilizado para el pago de sobornos a congresistas y otros funcionarios públicos. Estos sobornos habrían servido como incentivo para asegurar el respaldo de legisladores a las iniciativas del Ejecutivo, un hecho que, de comprobarse, comprometería la independencia y la transparencia en el proceso legislativo del país.
Las fuentes indican que López y Pinilla habrían aprovechado su posición en la UNGRD para asignar contratos de manera irregular y facilitar el flujo de grandes sumas de dinero a través de terceros, que finalmente llegaban a los funcionarios que aseguraban el apoyo a las reformas gubernamentales en el Congreso. Las irregularidades abarcan desde licitaciones manipuladas hasta contratos en los que no se cumplieron los requisitos legales mínimos, un hecho que ahora es objeto de la investigación de la Fiscalía.
El caso de la UNGRD ha generado un rechazo generalizado por parte de la ciudadanía, especialmente considerando que los recursos desviados estaban destinados a la atención de personas en condiciones de vulnerabilidad, afectadas por desastres naturales y emergencias en diferentes regiones del país. Estos hechos dejan en evidencia la crisis de corrupción que enfrenta el país y la necesidad urgente de mecanismos de control y supervisión más estrictos en las entidades gubernamentales.
El impacto de la investigación en la UNGRD y el sistema de justicia
Para la Fiscalía, este proceso representa un reto significativo y pone a prueba la capacidad del sistema judicial para enfrentar casos de corrupción a gran escala. La investigación abarca no solo a los exdirectivos de la UNGRD, sino también a posibles aforados, funcionarios y contratistas que habrían participado de esta red.
A medida que la Fiscalía avanza en el análisis del contenido del teléfono de Pinilla y en la verificación de los movimientos satelitales presentados por la defensa de Name, surgen preguntas sobre el alcance y la solidez de las pruebas. La expectativa de la opinión pública y de las autoridades recae en si esta investigación conseguirá esclarecer la verdad detrás de este escándalo y en si el sistema judicial logrará imputar las responsabilidades adecuadas para restaurar la confianza en las instituciones públicas.
