En un entorno de creciente tensión política en Colombia, las investigaciones en torno a la campaña presidencial de Gustavo Petro han generado una nueva ola de controversia. El viernes 11 de octubre de 2024, se presentaron denuncias contra magistrados del Consejo de Estado y del Consejo Nacional Electoral (CNE), en medio de la investigación por una supuesta violación de los topes electorales durante la campaña del actual mandatario. Estas denuncias, radicadas ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y la Fiscalía General de la Nación, han intensificado la disputa sobre la jurisdicción y el alcance de las facultades de estos organismos.
Según informó la fiscal general Luz Adriana Camargo, la investigación contra el presidente Petro avanza de manera activa, con la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia a cargo del caso. Entre los asuntos que están siendo investigados, también figura el papel de quien fue el gerente de campaña del presidente, en lo que parece ser un entramado de supuestas irregularidades financieras. «El tema es que las investigaciones están avanzando, se está trabajando en ellas, que es la garantía que yo les puedo dar», aseguró Camargo, buscando calmar las inquietudes sobre la imparcialidad del proceso.
La batalla jurisdiccional: Consejo de Estado versus Comisión de Acusación
La controversia que rodea este caso se agudizó cuando el Consejo de Estado ratificó la competencia del CNE para investigar administrativamente al presidente Petro por las presuntas violaciones de financiación de campaña. Sin embargo, esta decisión fue objeto de críticas, ya que la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes reclamó la exclusividad de la jurisdicción sobre el caso. Este conflicto ha desembocado en acusaciones de prevaricato por acción y abuso de la función pública contra tres magistrados del Consejo de Estado: Ana María Charry, María del Pilar Bahamón y John Jairo Morales.
Por su parte, los siete magistrados del CNE que votaron a favor de investigar al presidente también han sido denunciados por prevaricato, según la fiscal Luz Adriana Camargo. El caso ha sido trasladado a la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, en un movimiento que ha escalado las tensiones entre las instituciones judiciales y el Ejecutivo.
El presidente Gustavo Petro no tardó en responder, calificando estas acciones como un intento de golpe de Estado, y reiterando que las investigaciones que se llevan a cabo en su contra son parte de una campaña política para debilitar su gobierno. Petro, conocido por su fuerte retórica, ha asegurado que todo este proceso está siendo manipulado con fines políticos, y ha solicitado a la Comisión de Acusación que haga público el expediente completo, convencido de que las pruebas demostrarán su inocencia.
El impacto limitado del CNE y la defensa del fuero presidencial
Aunque las investigaciones del CNE han captado la atención pública, expertos coinciden en que, incluso si se hallaran irregularidades, el proceso no llevaría a la destitución del presidente Petro. De acuerdo con el jurista Rodrigo Uprimny, de la corporación Dejusticia, el fuero presidencial de Petro permanece intacto, ya que la facultad de destituir al presidente reside exclusivamente en la Comisión de Acusación de la Cámara. El CNE, en su papel administrativo, puede imponer sanciones como multas económicas, pero no tiene potestad para suspender o remover al mandatario del cargo.
El escenario más probable, según los expertos, es que la investigación del CNE termine en una sanción administrativa, que podría incluir una multa para el presidente y los miembros de su campaña. Esta multa oscilaría entre el 1% y el 10% de los recursos que el Estado entregó para la campaña presidencial. Sin embargo, este proceso podría extenderse por varios meses, lo que mantendría la situación en vilo por un periodo prolongado.
Los vuelos irregulares y la conexión con DailyCop
Un aspecto adicional que ha complicado la situación de la campaña de Petro son las inconsistencias encontradas por el CNE en la documentación de vuelos realizados por el presidente y su equipo cercano durante la campaña. Se ha señalado que la empresa Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi), que facilitó los vuelos, no presentó los permisos de vuelo requeridos por la Aeronáutica Civil, y además anuló seis de las nueve facturas electrónicas emitidas. Este hecho ha generado sospechas de irregularidades financieras, y se ha sugerido una posible conexión con la captadora ilegal DailyCop, que podría haber financiado estos vuelos.
Aunque la defensa de Petro ha desestimado estas acusaciones, alegando que el CNE no tiene la competencia para investigarlo, este nuevo capítulo ha alimentado las críticas y especulaciones en torno a la transparencia de la campaña.
Un panorama político incierto
El futuro inmediato de este caso es incierto, pero la investigación del CNE y las denuncias contra los magistrados del Consejo de Estado y el CNE seguramente mantendrán el clima político en un estado de tensión. A medida que avanza el proceso, muchos se preguntan si el sistema judicial logrará mantener la independencia necesaria para resolver este conflicto sin caer en la instrumentalización política.
Lo que está en juego no es solo la credibilidad de las instituciones colombianas, sino también la estabilidad de un gobierno que enfrenta múltiples desafíos tanto en el ámbito político como social. ¿Será posible que el caso se resuelva de manera transparente, o seguirá siendo una fuente de polarización en el país?
