Un contrato adjudicado por el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) por más de $5.507 millones ha generado polémica y cuestionamientos en diversos sectores del país. El contrato, firmado con la Agencia Afrocolombiana de Comunicaciones, tiene como objetivo la construcción de una vía de 9.3 kilómetros en Necoclí, Antioquia, un proyecto enmarcado en el programa Caminos para la Paz. Sin embargo, la controversia ha surgido por la falta de experiencia de la empresa en obras viales y la posible existencia de un conflicto de interés que involucra a un alto funcionario del gobierno.
El concejal de Bogotá, Daniel Briceño, abogado conocido por sus denuncias de corrupción, ha puesto el foco en este contrato, señalando graves irregularidades y la necesidad de una investigación por parte de las autoridades competentes. La situación se ha convertido en un escándalo que podría afectar la credibilidad de los proyectos de infraestructura financiados por el Estado.
La falta de experiencia de la empresa contratada
Uno de los aspectos más llamativos del caso es que la Agencia Afrocolombiana de Comunicaciones no tiene experiencia en la intervención ni construcción de vías, lo que ha generado desconcierto sobre los criterios con los que INVÍAS adjudicó un contrato de tal magnitud. La empresa se dedica principalmente a temas de marketing y a la defensa de los derechos humanos de poblaciones afrocolombianas, una misión que, si bien es noble y necesaria, no guarda relación con las exigencias técnicas y logísticas que supone la construcción de una carretera de 9.3 kilómetros.
El hecho de que una empresa sin experiencia en el sector vial reciba un contrato de más de $5.507 millones ha despertado suspicacias, especialmente si se considera que los convenios de mantenimiento vial suelen tener un valor mucho menor, raramente superando los $500 millones. Esto plantea serias dudas sobre la transparencia del proceso de adjudicación y la supervisión de estos recursos públicos.
El rol del viceministro Manuel Emilio Palacios Blandón
Otro punto crítico en este escándalo es la vinculación del viceministro del Deporte, Manuel Emilio Palacios Blandón, con la Agencia Afrocolombiana de Comunicaciones. Palacios fundó y fue representante legal de la empresa, y aunque ahora forma parte del gobierno, continúa siendo miembro de la junta directiva de la compañía. Esta situación ha levantado alarmas sobre un posible conflicto de interés, ya que Palacios no declaró públicamente su vinculación con la empresa tras asumir su cargo en el Ejecutivo, lo que podría constituir una omisión ética y legal relevante.
Briceño ha señalado que esta relación entre un funcionario público de alto nivel y una empresa que recibe un contrato tan significativo debe ser investigada a fondo. El concejal ha solicitado a la Procuraduría General de la Nación que inicie una indagación formal y que llame a declarar al viceministro, para esclarecer si existió algún tipo de favorecimiento o irregularidad en el proceso de adjudicación del contrato.
Irregularidades en la adjudicación y los retrasos en la obra
El proceso de adjudicación del contrato también ha sido objeto de escrutinio. El 8 de septiembre de 2024, la asamblea general de la Agencia Afrocolombiana de Comunicaciones autorizó a su representante legal a firmar contratos superiores a los 10 salarios mínimos legales vigentes (SMMLV), y diez días después, el 18 de septiembre, la empresa aceptó el contrato con INVÍAS. Para muchos, resulta sospechoso que esta autorización interna ocurriera tan cerca de la firma del contrato, lo que podría sugerir que la empresa se preparó específicamente para recibir este proyecto.
Además de las dudas sobre la adjudicación, Briceño ha alertado sobre los retrasos en la ejecución de las obras. A pesar de que gran parte del presupuesto ya ha sido desembolsado, el avance en la construcción de la vía es mínimo, lo que pone en riesgo la ejecución completa del proyecto. Esto es especialmente preocupante si se considera que el contrato forma parte del programa Caminos para la Paz, que busca mejorar la infraestructura vial en zonas afectadas por el conflicto armado y fomentar el desarrollo económico en dichas áreas.
¿Qué sigue para este caso?
Las denuncias realizadas por el concejal Daniel Briceño y las irregularidades detectadas han colocado este caso en la agenda pública, y la atención ahora está puesta en las acciones que tomen las autoridades. La Procuraduría General de la Nación y otros entes de control tendrán la tarea de investigar si existieron violaciones a las normativas de contratación pública, así como determinar si el viceministro Manuel Emilio Palacios Blandón incurrió en un conflicto de interés que pudiera comprometer su rol en el gobierno.
Este caso también resalta la necesidad de mayor transparencia y supervisión en los contratos públicos, especialmente cuando se trata de proyectos de infraestructura que son fundamentales para el desarrollo de las regiones más vulnerables del país. La participación de empresas sin experiencia en la ejecución de obras de gran envergadura podría poner en peligro la calidad y los tiempos de entrega de estas obras, afectando a las comunidades que más dependen de ellas.
La ciudadanía, por su parte, espera respuestas claras y sanciones, en caso de confirmarse irregularidades. ¿Podrá INVÍAS justificar la adjudicación de este contrato a una empresa con nula experiencia en el sector vial? ¿Y cómo se explicará la vinculación del viceministro en este asunto? Las respuestas a estas preguntas serán fundamentales para determinar el curso de las investigaciones y las posibles consecuencias para los implicados.
