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Suecia está considerando prohibir la mendicidad, una medida que ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos que dicen que el gobierno está tratando de “proscribir la pobreza”.
El gobierno de centroderecha del país, respaldado por el partido de extrema derecha Demócratas Suecos, ha anunciado que está investigando formas de abolir la mendicidad en todo el país y dijo que, si resulta factible, la prohibición podría convertirse en ley.
¿Por qué Suecia quiere prohibir la mendicidad?
La líder de los Demócratas Suecos, Linda Lindberg, dijo en una conferencia de prensa a principios de esta semana: “La mendicidad había sido algo poco común en Suecia hasta principios de la década de 2010, cuando muchos ciudadanos de la UE vinieron de otros países a Suecia para mendigar”.
Lindberg elogió la medida como una “buena medida” y dijo que la mendicidad en Suecia también ha llevado a un aumento de crímenes sistemáticos y elaborados.
“En nuestra opinión, no es razonable que la gente viaje por media Europa para mendigar fuera de nuestras tiendas”, añadió el dirigente.
De hecho, una de las promesas iniciales de campaña del partido Demócratas Suecos fue prohibir la mendicidad.
El gobierno ha designado a un investigador para que estudie las formas de implementar esa prohibición sin violar las convenciones internacionales y los derechos humanos. El investigador debe presentar su informe antes de junio de 2025.
¿Qué dicen los grupos de derechos humanos?
Mientras tanto, grupos de bienestar social y de derechos humanos han condenado la medida y han advertido que la implementación de una ley de este tipo podría ser perjudicial.
“Prohibir la mendicidad o exigir permiso para mendigar no es más que desplazar el problema en un intento inútil de erradicar la pobreza”, afirma Stockholms Stadsmission, una organización social cristiana.
La organización, en cambio, cree que la vulnerabilidad de las personas que recurren a la mendicidad se puede reducir mediante “la reducción de la pobreza estructural y el trabajo contra la discriminación”.
“Es un trabajo a largo plazo. Mientras tanto, la sociedad debe asumir su responsabilidad, por ejemplo, ofreciendo vías de acceso al mercado laboral y de vivienda y, de esa manera, reduciendo la vulnerabilidad social de estas personas”.
La propuesta, que se viene preparando desde 2022, ha recibido críticas mixtas dentro del gobierno de coalición.
Anna Starbrink, diputada liberal, ha dicho: «No contribuiré a la introducción de esa prohibición. Por supuesto, se necesitan medidas para evitar la explotación de las personas vulnerables, pero no se puede prohibir a las personas necesitadas que pidan ayuda».
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