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La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) anunció la suspensión de giros por un monto superior a $70 mil millones a Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) que, según sus auditorías recientes, podrían ser inexistentes.
Según un comunicado oficial de Adres, las auditorías revelaron que, en las visitas a las direcciones registradas por las 52 IPS en cuestión, no se encontró infraestructura física.
ADRES suspende pagos a 52 IPS
“Las 52 IPS no podrán recibir recursos por giro directo y, en ese sentido, Adres está notificando a las EPS del país que no pueden incluirlas en la programación mensual hasta que se aclare la existencia real de las mismas”, señaló la ADRES.
Félix León Martínez Martín, director de Adres, destacó que la entidad tiene la responsabilidad de asegurar un manejo adecuado de los recursos del sistema de salud.
En este sentido, exigió a las empresas auditoras que llevaran a cabo una revisión minuciosa de las cuentas presentadas por la prestación de servicios de salud.
Las IPS involucradas tienen ahora un plazo de diez días hábiles para presentar un recurso de reposición. Si se confirman irregularidades, el caso será remitido a la Fiscalía para su investigación.
“Si no queda clara sus existencia la resolución ordena notificar a la Fiscalía General de la Nación, porque habría una presunción de un delito”, señaló Félix León Martínez.
Sobre la posibilidad de que las IPS hayan cambiado de dirección sin notificarlo, el director de Adres aclaró que esto no está permitido. Las modificaciones en la dirección de domicilio deben ser comunicadas al Registro de Prestadores.
La Adres también señaló que la mayoría de las presuntas IPS involucradas en estas posibles irregularidades están ubicadas en los departamentos de Atlántico, Magdalena, Arauca, Casanare, Guaviare y Vichada.
Cabe resaltar que la decisión se basa en las auditorías efectuadas por tres firmas contratadas por ADRES desde 2023, cuyo objetivo ha sido el control, la verificación y el reconocimiento de pagos a entidades que reclaman por servicios de salud y gastos de transporte relacionados con accidentes de tránsito causados por vehículos sin SOAT o no identificados.
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