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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le formuló pliego de cargos a Constructora Bolívar S.A., una de las firmas inmobiliarias más grandes del país, por presuntamente haber violado los derechos de consumidores en el proyecto de vivienda “Buenavista Living”, según consta en la Resolución 11961 del 11 de marzo de 2025.
De acuerdo con la SIC, la constructora habría incurrido en incumplimientos sistemáticos en los plazos de entrega y en omisiones de información esencial en su publicidad, lo que habría afectado de manera directa a decenas de compradores que confiaron en la promesa de una vivienda digna.

Retrasos en las entregas: una constante en el modelo de negocio
La investigación preliminar arrojó que Constructora Bolívar no cumplió con los tiempos pactados para la entrega de los apartamentos del proyecto Buenavista Living, lo cual vulnera los derechos fundamentales del consumidor, especialmente en el caso de familias de bajos recursos que accedieron a estas unidades bajo la figura de vivienda de interés social (VIS).
Pero esta no es una situación aislada. Como ha venido documentando Pluralidad Z, las denuncias contra la empresa se acumulan.
En Cali, por ejemplo, al menos 1.600 compradores se sienten estafados por los repetidos incumplimientos de la firma (ver caso aquí). Además, hay reportes de clientes que han manifestado estar “mamados” de los retrasos en entregas (ver aquí).
Publicidad poco clara: ¿ocultaron que era VIS?
La SIC también señala que la constructora omitió información clave en su publicidad, como el hecho de que las viviendas eran de interés social.
Esta omisión habría impedido que los compradores entendieran plenamente las condiciones del proyecto, lo cual podría constituir una práctica engañosa, especialmente grave en el contexto de la VIS, un segmento regulado que tiene implicaciones tributarias, legales y sociales.
Constructora Bolívar fue llamado a responder en el Congreso
Ante la presión pública y las denuncias ciudadanas, Constructora Bolívar fue llamado anteriormente a responder en un debate de control político en el Congreso de la República, según reveló este medio en una nota anterior (ver nota completa).
El llamado a cuentas buscó esclarecer el papel de las autoridades y el posible favoritismo hacia las grandes constructoras en detrimento del ciudadano común.
La Superindustria ha dejado claro que su intención es proteger el derecho a una vivienda digna y segura para todos los colombianos, especialmente los de menores ingresos.
Esta investigación podría convertirse en un precedente histórico para un sector plagado de prácticas desiguales.
Por otro lado, Grupo Bolívar es el conglomerado detrás de Constructora Bolívar, una de las empresas más sólidas y con flujo de caja del país.
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