El 6 de noviembre de 1985, el país presenció uno de los episodios más devastadores de su historia reciente: la toma del Palacio de Justicia en Bogotá. Este trágico suceso fue protagonizado por el grupo guerrillero M-19, que buscaba capturar la atención del Estado y la sociedad, y obtener un juicio público contra el entonces presidente Belisario Betancur. El operativo se convirtió en una jornada sangrienta de 28 horas, durante la cual casi un centenar de personas perdieron la vida, incluidos 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y 11 civiles que aún se consideran desaparecidos. Este evento, marcado por el dolor y la violencia, dejó una cicatriz profunda en el tejido social y en la historia de Colombia.
Un contexto de violencia incesante
Para comprender la magnitud de la toma del Palacio de Justicia, es esencial recordar el contexto en el que ocurrió. En 1985, Colombia se encontraba inmersa en un conflicto armado prolongado, que incluía a varios grupos guerrilleros, el auge del narcotráfico y la creciente presencia de paramilitares. El M-19, conocido por su ideología de izquierda y su estilo de guerrilla urbana, ya había realizado acciones de alto impacto en el país. Sin embargo, la toma del Palacio fue, sin duda, su acción más audaz y simbólica, destinada a denunciar lo que consideraban el incumplimiento del proceso de paz por parte del gobierno y la falta de justicia en Colombia.
El M-19, encabezado por líderes como Carlos Pizarro y Alfonso Jacquin, se preparó meticulosamente para la toma, estableciendo como objetivo llamar la atención del mundo sobre sus demandas. En ese momento, el gobierno de Betancur había comenzado procesos de paz con varios grupos insurgentes, pero la falta de avances tangibles generaba tensiones y frustración en las filas guerrilleras. Para el M-19, tomar el Palacio de Justicia representaba un acto de desafío al Estado y una llamada de atención hacia la justicia social que creían ausente en Colombia.
La toma y la violenta operación militar
A las 11 de la mañana de aquel 6 de noviembre, un comando de 35 guerrilleros del M-19 irrumpió en el Palacio de Justicia, tomando como rehenes a magistrados, jueces y empleados en un asalto que, desde el inicio, fue brutal. La reacción del gobierno fue inmediata, y el Ejército de Colombia desplegó tropas, tanques y armamento pesado alrededor del edificio. Pronto, el Palacio se convirtió en un campo de batalla, con fuego cruzado que arrasó tanto a rehenes como a guerrilleros.
La situación se agravó al caer la noche, cuando los militares decidieron iniciar una operación de retoma con artillería pesada, que incluyó tanques disparando directamente hacia el edificio. Testimonios y videos del momento muestran cómo el fuego se propagaba por el Palacio, transformándolo en una trampa mortal. Esta estrategia de asalto sin concesiones llevó a que se perdieran muchas vidas inocentes y desencadenó una crisis de derechos humanos que sigue resonando hasta hoy.
Los desaparecidos: un misterio sin resolver
Uno de los aspectos más oscuros y dolorosos de la toma del Palacio de Justicia es la desaparición de 11 personas que, de acuerdo con pruebas y testimonios, fueron vistas saliendo vivas del edificio bajo custodia de las fuerzas militares. Entre los desaparecidos se encontraban empleados de la cafetería, civiles y visitantes que habían quedado atrapados en el edificio al momento de la toma.
Familiares de los desaparecidos, como las emblemáticas luchadoras por la verdad Fabiola Lalinde y María del Rosario Montoya, han dedicado décadas de sus vidas a la búsqueda incansable de respuestas sobre el paradero de sus seres queridos. La lucha de estas familias llevó a un proceso judicial extenso y complejo, en el cual se ha condenado al Estado colombiano por desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, además de demandarse la reparación a las víctimas y sus familias.
La búsqueda de justicia: ¿qué nos deja la toma del Palacio 39 años después?
En 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a Colombia por la desaparición de varias personas durante la toma del Palacio de Justicia, al considerar que el Estado violó derechos humanos fundamentales. A pesar de las investigaciones y sentencias emitidas, la verdad completa sigue siendo una deuda pendiente con las víctimas y sus familias. Los procesos judiciales han involucrado a altos mandos militares de la época, señalados de ocultar información y obstaculizar la justicia en los años posteriores a la tragedia.
El caso del Palacio de Justicia se ha convertido en un referente de la impunidad y la falta de responsabilidad estatal en Colombia. Para muchos, este evento continúa siendo un símbolo de la falta de verdad y justicia en el país, y se mantiene en la memoria colectiva como un recordatorio del alto costo humano del conflicto armado. Hoy, aunque algunos responsables han sido señalados y se han emitido sentencias en su contra, las heridas de los familiares y las víctimas siguen abiertas.
Conmemoraciones y la importancia de la memoria histórica
Cada año, en el aniversario de la toma del Palacio de Justicia, se realizan actos conmemorativos en el mismo lugar de los hechos y en la Plaza de Bolívar. Estos eventos buscan honrar la memoria de las víctimas y llamar la atención sobre la necesidad de justicia y de un sistema judicial que proteja los derechos de todos los colombianos.
La toma del Palacio de Justicia es un episodio que resuena aún en la historia del país, no solo por el número de vidas perdidas, sino también por las secuelas de impunidad y silencio que le siguieron. A 39 años de aquella tragedia, Colombia sigue enfrentando el reto de construir una paz duradera basada en la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas. La pregunta que queda en el aire es si el país logrará cerrar esta herida algún día, o si seguirá siendo un recordatorio constante de los años de dolor y conflicto.